Sin duda, este año que inicia está lleno de complicaciones no solo para nuestro país, sino para el resto del mundo, debido a las provocaciones reales o ficticias del felón que asumirá la presidencia en Estados Unidos el 20 de enero.
En México, la opinión es clara en cuanto al apoyo irrestricto a la Presidenta en la defensa de la soberanía. Cualquier amago que realice el vecino del norte nos enfrentará a tiempos difíciles, pero la unidad de los mexicanos en este tema es fundamental.
Dicho esto, también están los asuntos internos en los que existen diferencias, sobre todo por la manera en que el gobierno ha impuesto sus decisiones. Venimos de un autoritarismo innegable, particularmente en lo referente a las megaobras (Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Refinería Olmeca en Dos Bocas), las cuales se llevaron a cabo sin estudios previos que garantizaran no sólo la rentabilidad económica, también la social.
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Poco a poco nos enteramos de las dificultades para llevarlas a cabo, comenzando por los sobrecostos que han tenido que pagarse: cifras que superan ampliamente las estimaciones originales que ya eran ridículas, como muchos advirtieron. Sin embargo, la norma fue ignorar las críticas y responder únicamente con oratoria y propaganda.
Uno de los temas más llamativos es que ninguno de los responsables de estas ha sido llamado a rendir cuentas. Por el contrario, se les ha promocionado, enviando un mensaje claro: si eres parte del movimiento, los errores no importan, porque al final los paga la gente, sin saberlo siquiera.
Casos como la deuda multimillonaria de Pemex con sus proveedores –asunto sin precedentes–, ha sido tratado como algo menor. Solo cuando las protestas aumentaron se reconoció la deuda, pero se pidió paciencia para cobrar a plazos. Esto ocurre en la principal empresa productiva del Estado y el responsable, lejos de rendir cuentas, ha sido promovido a otro puesto importante.
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En cuanto a la educación y la salud, sectores castigados en el sexenio pasado, se prometió su recuperación. Sin embargo, el presupuesto para este año sigue siendo menor, en términos reales, al último año del gobierno anterior.
Lo preocupante es que los grandes proyectos no cuentan con el menor análisis de costo-beneficio, ni económico ni social. Afirmar que el Tren Maya beneficiará a las comunidades es hasta ahora una interrogante.
En materia de salud, han pasado seis años después del fracaso en materia de abastecimiento de medicamentos y otros insumos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al hacerse cargo del tema, a partir de que se denunció una serie de corrupciones. Sin embargo, hasta donde se sabe, no hay proveedor privado ni servidor público alguno señalado por tales hechos. El desabasto de medicamentos continúa seis años después.
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El anuncio del gobierno de crear Farmacias del Bienestar junto a los Bancos del Bienestar parece ser la continuidad de proyectos sin análisis. Se pensaba que este gobierno iba a ser diferente en esos asuntos.
Estamos pasando de la única Megafarmacia que existe en el mundo, cuyo fracaso era evidente antes de su creación, a la construcción de cientos de changarritos, supuestas farmacias, en las que quienes acudan por su pensión al banco podrán adquirir medicamentos que, por obligación, deberían estar disponibles en los hospitales públicos.
Es decir, el gobierno, aparte de competir con las farmacias privadas, realizará la distribución a cada minifarmacia, sin analizar los costos y las implicaciones de crear este organismo. Y siguiendo la pauta de proyectos anteriores, los empleados serán, casi seguro, eventuales, como en las Universidades Benito Juárez o los Servidores de la Nación, sin garantías laborales ni seguridad social; al fin y al cabo, trabajan para el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Hasta cuándo habrá planeación?
