La reforma judicial, de septiembre de 2024, que establece la elección por voto popular de los principales puestos del Poder Judicial de la Federación (PJF), representa uno de los mayores desafíos para la independencia y autonomía de la judicatura. En un contexto donde la confrontación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha alcanzado niveles preocupantes, debemos reflexionar sobre las consecuencias de la reforma y su impacto en la división de poderes, así como en la estabilidad democrática del país.
El episodio más simbólico de esta tensión se dio durante el pasado aniversario de nuestra Constitución, cuando la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, no fue invitada al evento. Este gesto, más allá de ser un simple desaire protocolario, constituye un mensaje claro sobre la subordinación que el Ejecutivo busca imponer al ámbito judicial.
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La reforma judicial impulsada por el actual gobierno no aborda los problemas estructurales del sistema de justicia, como la corrupción, la impunidad y la ineficiencia. En cambio, se centra en destituir a los actuales juzgadores para reemplazarlos por figuras electas mediante voto popular. Esta modalidad, filtrada previamente por Comités de Evaluación dominados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, pone en riesgo la imparcialidad del Poder Judicial. La selección de jueces y magistrados debe basarse en el mérito, la formación jurídica y la integridad, no en criterios populistas que podrían convertir la justicia en un botín político.
Diversos actores nacionales e internacionales han expresado su preocupación por esta reforma. Organismos como la ONU han advertido que la elección de jueces por voto popular socava el principio de inamovilidad y fomenta una politización que amenaza la independencia judicial. Además, los riesgos económicos también son significativos. Cámaras empresariales y analistas financieros alertan sobre la incertidumbre que se genera para la inversión extranjera y el cumplimiento de acuerdos comerciales clave como el T-MEC. La percepción de un sistema judicial politizado podría reducir la confianza de los inversionistas y afectar el crecimiento económico del país.
El proceso de selección de candidatos ha sido otro punto crítico. Las denuncias sobre falta de transparencia y las controvertidas decisiones del Tribunal Electoral, que delegó al Senado la facultad de elegir candidatos mediante sorteos, evidencian un procedimiento desaseado y carente de garantías democráticas. La insaculación de candidatos, además de ser poco transparente, ha generado tensiones entre los tres poderes, exacerbando la crisis institucional.
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En este escenario, el mayor desafío para las y los juzgadores es defender la autonomía del Poder Judicial frente a las presiones de los otros poderes. La independencia judicial es un pilar fundamental para la democracia que permite el control y balance entre poderes, evitando la concentración absoluta del poder en un solo polo. La posibilidad de que jueces y magistrados sean elegidos mediante procesos politizados y cuestionables compromete seriamente esta autonomía.
La crisis actual pone en riesgo no sólo la división de poderes, sino la confianza ciudadana en las instituciones. Sin un Poder Judicial independiente, la capacidad para proteger los derechos humanos y garantizar la justicia se ve severamente limitada. Un sistema judicial sometido a intereses políticos pierde credibilidad y eficacia.
La defensa de la independencia judicial no es solo una batalla institucional, sino una causa que nos involucra a todos, pues de esto depende la posibilidad de vivir en un país con justicia y respeto a los derechos fundamentales.
