Las mujeres hemos sufrimos violencia de género en todos los ámbitos; en nuestras relaciones afectivas, el hogar, el trabajo, la calle, el transporte, la escuela, al acudir a un consultorio médico, al solicitar un empleo, en mayor parte: en la vida pública. De ahí que, de manera histórica, se hayan construido escenarios políticos basados en la discriminación, desigualdad y segregación injustificada y, peor aún, normalizada.
En ese sentido, con el paso de los años la violencia política se ha adaptado conforme se ha transformado la manera en la que nos relacionamos y comunicamos, como fue derivado de las cuotas de género y, posteriormente, del principio constitucional de paridad de género, que un gran número de mujeres que fueron accediendo a candidaturas y a ejercer cargos de elección popular; en estas circunstancias, la violencia política tuvo una presencia tan grande, por ejemplo, por esas resistencias a que las mujeres forjaran una carrera política y, más allá de ello, que tuvieran voz.
Ante tal impacto masivo, de manera colectiva, fueron exigidas mayores herramientas y mecanismos que justamente inhiberan estas conductas pero, sobre todo, dieran especial atención a los casos que se presentaran. Derivado de estos esfuerzos impulsados desde múltiples trincheras (colectivos feministas, las instituciones electorales, de atención a mujeres y, posteriormente, desde el poder legislativo) se llevaron a la práctica vías de atención acompañadas con protocolos, análisis de riesgo, atención integral, entre muchas otras garantías, sin embargo, mientras todos estos avances se consolidaban, la violencia digital encontraba cada vez más canales para hacerse presente.
El desarrollo incesante de las TICs, la inteligencia artificial, la inmediatez del flujo de información, la viralización de contenido, los bajos costos de creación y reproducción de material audio-visual, etc, dieron paso a que a través de plataformas como aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, páginas web, correo electrónico y demás espacios digitales de interacción y difusión de información, la violencia contra las mujeres fuera tan latente para que tuviera graves consecuencias como la difamación, exhibición, ridiculización, subordinación.
Ante ello, a nivel nacional hemos tenido grandes avances como la #LeyOlimpia que ha abierto las puertas hacia el pleno reconocimiento de la violencia digital como la difusión, a través de las TICS, de contenido sexual e íntimo sin consentimiento, aprobación o autorización. Gracias a este hito es que se han puesto en marcha diversas acciones para combatir la violencia digital contra las mujeres como ha sido también en el ámbito político-electoral, en el que se pueden identificar múltiples escenarios de desventaja, sobre todo, cuando se trata de mujeres con aspiraciones políticas y/o electorales cuyas conductas tienen un impacto irreparable en sus trayectorias.
En atención a esta problemática, el INE ha emitido un Manual y una Guía en colaboración con Meta, además, cuenta con un micrositio que, de manera conjunta, orienta sobre qué es la violencia digital y mediática, el marco normativo aplicable y de qué manera puede atender posibles casos dicho Instituto. Ante dicho avance, en Veracruz también ya se cuenta con Manual en la materia para que las mujeres cuenten con el respaldo institucional que les permita tener a su alcance la información necesaria para prevenir posibles casos y, sobre todo, para proceder en caso de que consideren que se encuentran inmersas en contextos de violencia digital en su contra.
Este Manual, iniciativa de la Mtra. Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral del OPLE Veracruz, quien se encontraba presidiendo la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, fue aprobado por el Consejo General el pasado 25 de noviembre de 2024, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (#25N).
Asimismo, es oportuno destacar que dentro de su contenido se encuentran algunas técnicas de autocuidado digital y un apartado especial que explica que dicho Organismo cuenta con un Grupo Multidisciplinario, conformado por 4 personas de distintos perfiles (1 psicóloga, 1 politóloga, 1 trabajadora social y 1 licenciada en derecho) y que tiene como atribución brindar acompañamiento ante posibles casos de VPMRG como puede ser, en este caso, a través de alguna plataforma digital.
El Manual para identificar casos de violencia digital y mediática contra las mujeres en la esfera político-electoral puede ser consultado aquí.
Finalmente, estos pasos poco a poco van fortaleciendo una red de actuación especializada y efectiva que, en la práctica, logre dar puntual atención a posibles casos y así garantizar una esfera político-electoral igualitaria, pacífica y equitativa. Las mujeres políticas deben contar con las condiciones óptimas para ejercer su liderazgo y consolidar una carrera en la vida pública sin ningún tipo de obstáculo; en esa esfera, la violencia digital no tendría cabida.
