El nepotismo es una práctica arraigada en la política mexicana. Durante décadas, hemos visto cómo los apellidos se perpetúan en el poder, desplazando el mérito y la capacidad en favor de lazos familiares. La reciente iniciativa de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca poner fin a esta costumbre, impidiendo que familiares directos de funcionarios públicos puedan contender por el mismo cargo de elección popular de manera inmediata.
La medida, de ser aprobada, se implementaría a partir de las elecciones intermedias de 2027, afectando candidaturas a diputaciones federales y locales, gubernaturas, alcaldías y cabildos. Su objetivo es claro: garantizar que quienes lleguen a un puesto público lo hagan por sus propias capacidades y no únicamente por su parentesco con un político en funciones.
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El nepotismo electoral ha sido un fenómeno recurrente en México, donde dinastías políticas han dominado la escena pública. Ejemplos emblemáticos incluyen a los Del Mazo en el Estado de México o los Monreal en Zacatecas. También resalta el caso de Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio ha manifestado su intención de suceder a su hija, Evelyn Salgado, como gobernador. Con esta reforma, su aspiración se vería truncada hasta 2033.
La iniciativa de Sheinbaum es un primer paso para una reforma electoral más profunda que contemple cambios radicales en la selección de candidatos. La propuesta contempla modificar seis artículos de la Constitución (55, 59, 82, 115, 116 y 122) e incluye restricciones claras al parentesco permitido entre aspirantes y funcionarios en ejercicio. Específicamente, establece que los candidatos no deben tener vínculos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el titular del cargo al que aspiran.
›Sin embargo, la propuesta deja ciertas lagunas. Por ejemplo, no contempla la prohibición de que familiares sean candidatos suplentes, lo que abre la puerta a simulaciones. También excluye de estas restricciones al Poder Judicial, cuyos integrantes podrán ser electos por voto popular a partir de este año, sin limitaciones de parentesco. Además, la posibilidad de interinatos o sustituciones dentro de un mismo grupo familiar podría ser un resquicio que permita la continuidad de ciertas dinastías políticas.
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Más allá de las reformas propuestas, el problema del nepotismo electoral es reflejo de un sistema político que históricamente ha privilegiado el acceso al poder de ciertas élites familiares. En muchos casos, la permanencia de estas dinastías políticas no solo responde a intereses personales, sino también a estructuras partidistas que facilitan la sucesión de familiares en cargos públicos. Este fenómeno no es exclusivo de México; en diversas democracias, el nepotismo es un problema latente que erosiona la confianza ciudadana en sus instituciones.
En este sentido, es fundamental acompañar esta reforma con mecanismos de supervisión y sanción que garanticen su aplicación efectiva. Es necesario que las autoridades electorales tengan facultades para detectar y sancionar intentos de evasión de la norma, como la postulación de familiares como suplentes o el uso de candidaturas interinas para asegurar la continuidad en el poder.
La ciudadanía ha exigido por años una democracia basada en méritos y no en lazos de sangre. En este sentido, la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum apunta en la dirección correcta al romper con la tradición del “dedazo” familiar. Sin embargo, su viabilidad dependerá de la voluntad política del Congreso y de la capacidad del sistema electoral mexicano para hacer valer estas nuevas reglas.
