Tradicionalmente, en México se ha utilizado la palabra “gasolinazo” al incremento repentino y significativo de precios al menudeo de gasolina, es decir, al precio que los usuarios de vehículos automotores (autos, motos, autobuses) pagan al cargar combustible en una estación de servicio. Cuando, en un periodo muy corto de tiempo -regularmente en uno o dos dias- el precio aumenta de manera considerable, se dice que ha ocurrido un “gasolinazo”.
Este fenómeno ha estado, históricamente, vinculado al control gubernamental que el gobierno ha ejercido sobre el sector de los hidrocarburos en México, pues los aumentos normalmente obedecen a ajustes que el Estado lleva a cabo con respecto al componente impositivo del precio de las gasolinas. Es importante mencionar que el precio de los combustibles se compone a través de distintos factores, como el precio internacional del petróleo, los costos de refinación y acondicionamiento, los costos logísticos necesarios para llevar la gasolina a los puntos de venta, y el componente de calidad. Además de lo anterior, el gobierno normalmente fija también un componente impositivo con fines recaudatorios, que incrementa en diversos grados el precio del combustible.
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En el caso de México, al haber sido el sector gasolinero por muchos años controlado exclusivamente por el gobierno, el precio de las gasolinas estaba altamente subsidiado, y no había transparencia en el precio final que se pagaba por el combustible. Esto hacia que las condiciones de mercado que potencialmente pudieran afectar al precio no fueran visibles a los usuarios; es decir, en caso de un aumento en el precio internacional del petróleo, el gobierno podía disminuir el impuesto a la gasolina, lo cual permitía mantener el precio artificialmente bajo, a un alto costo para el Estado. En este sentido, los “gasolinazos” eran absolutamente administrados por la burocracia.
A partir de la Reforma Energética de 2013, el esquema de precios cambió radicalmente, pues los precios empezaron a regirse por las fuerzas del mercado; es decir, a pesar de que el precio al mayoreo del combustible (que principalmente se suministra por Pemex) aun esta sujeto a una fórmula, las estaciones de servicio pueden determinar libremente el precio de venta final al usuario, lo cual representó un nuevo paradigma, pues ya no es el Estado quien, unilateralmente, decide el precio de un insumo tan importante como es el combustible. Sin embargo, la Reforma del 2013 permitió al gobierno retener una herramienta discrecional para controlar el precio de las gasolinas, a través de la imposición de estímulos fiscales en la forma del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
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En este sentido, es a través del IEPS que el gobierno puede seguir subsidiando el precio del combustible, aunque ahora con un margen menor que antes. En los primeros días de este año, se anuncio un nuevo “gasolinazo”, que es, una vez más, una determinación del gobierno que responde más a una política fiscal que a una política energética.
Los gasolinazos son, entonces, un reflejo del control que el Gobierno ha ejercido -y sigue ejerciendo- sobre el sector gasolinero en México. Esto se evidencia con las declaraciones de la Presidenta, al decir que se buscaran mecanismos para que los gasolineros controlen sus precios que, en principio, se determinan bajo condiciones de libre mercado. Será muy interesante ver cómo la política energética de la actual administración convive con este esquema económico abiertamente liberal.
