La COP29 avanza en su última semana, a peso lento pero seguro hacia su irrelevancia. No es que los temas de la agenda carezcan de importancia, pero la parsimonia de la comunidad internacional evidencia su negligencia y falta de voluntad política para aumentar la ambición de la acción climática global. Sin dejar de lado que las COP, esos espacios diplomáticos diseñados para afinar el contenido de los tratados climáticos y evaluar los avances en el cumplimiento de lo acordado, han sido capturados por lobbies petroleros y gobiernos cuyo interés principal es prolongar la dependencia internacional a los hidrocarburos.
Cuatro aspectos tienen una relevancia crítica y tendrían que traducirse en compromisos más ambiciosos y de carácter urgente. En primer lugar, ha quedado claro que es imposible contener el aumento de la temperatura en la meta de 1.5ºC, por lo que se requieren más compromisos nacionales de mitigación para evitar escenarios catastróficos de temperaturas por encima de los 2ºC en las últimas décadas de este siglo. En segundo lugar, y con la memoria reciente de lo ocurrido en Valencia, es indispensable mejorar los mecanismos para compensar pérdidas y daños en países de bajos recursos y en desarrollo. Tercero, los dos puntos anteriores dependen de la transferencia oportuna y suficiente de recursos financieros bajo criterios de efectividad y justicia climática. Finalmente, es necesario vincular la acción climática con objetivos de protección y restauración de la biodiversidad.
Mi impresión es que terminaremos por ver esta semana la firma de algún tipo de documento en el último momento, en el que se reafirme que todos los países comprenden la gravedad de la emergencia climática y donde manifiestan toda la buena voluntad para asumir su responsabilidad, pero sin que la retórica edificante se traduzca en acciones más efectivas y justas que sean medibles, verificables, reportables y de carácter urgente. No creo que veamos metas de mitigación acordes con los objetivos de mitigación expresados en el Acuerdo de París o la definición de instrumentos de atención y reparación de daños de acuerdo al tamaño de los riesgos involucrados. Las promesas de transferir hasta un billón de dólares anuales a los países pobres y en desarrollo quedará en otras buenas intenciones, o tal vez peor, en mayor endeudamiento nacional para los países que sufren mayores daños sin que en realidad contribuyan a causar el calentamiento global. De igual forma, difícilmente habrá mayores avances en materia de protección que los acuerdos tibios e insuficientes alcanzados en Bogotá hace unas cuantas semanas.
La pregunta central en estos momentos es si el Acuerdo de París y la arquitectura climática globales siguen vivos luego del regreso de Trump. Durante la campaña presidencial en los Estados Unidos, Trump ratificó su rechazo hacia los compromisos climáticos internacionales y el perfil de varios de los miembros de su próximo gabinete destaca por el negacionismo climático y su vínculo con empresas petroleras. Si Estados Unidos decide salir nuevamente del Acuerdo de París, rechaza cumplir sus compromisos de mitigación y financiamiento, o apuesta por incrementar la extracción de hidrocarburos, es de esperar que otros gobiernos ideológicamente afines abandonen también el Acuerdo, como amenaza Argentina, o desconozcan sus obligaciones, con lo cual el tratado no será otra cosa que un muerto viviente que cada año organiza nuevas COP para que los países irresponsables puedan lavar cara y declarar todas sus buenas intenciones ante el mundo.
Si la arquitectura climática global se colapsa, evitar escenarios catastróficos dependería ahora de que la dinámica de los mercados continúe impulsando una transición hacia energía solar, del desarrollo de nuevas formas de tecnología más eficientes energéticamente, de la apuesta por reducir las emisiones a través de procesos de geoingeniería y del acceso a financiamiento para los países en desarrollo fundamentalmente a través de crédito. Todas estas opciones implican la agudización de la brecha de desigualdad en los beneficios de una transición sustentable y energética entre países, el control de la agenda climática en manos de los países desarrollados y productores de hidrocarburos y mayores niveles de vulnerabilidad ante riesgos catastróficos para los países con menores recursos y capacidades.
En tiempos de gran degeneración de la política global, las señales que nos deja noviembre de 2024 es la amenaza de irrelevancia de la acción climática y una tendencia hacia una injusticia climática global más profunda. No podemos seguir engañándonos y esperar que algo sustantivo se resolverá próximamente en el ámbito internacional, esto implica que la adaptación, la protección ante riesgos y daños extremos y la transición energética deben ocupar un lugar central en la agenda prioritaria de nuestro país.
