El año pasado, México ocupó el lugar 56 en el Índice Global de Innovación y es la economía número 12, según el Banco Mundial. Algo evidentemente debe hacerse. Es necesario subir en el ranking internacional, pero sobre todo impulsar el desarrollo tecnológico que permita el económico, y así dar sentido material al mandato de nuestra Constitución que dispone que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
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›En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizaba la intención de acelerar el proceso de patentes en el marco de fabricación de semiconductores, “para que puedan venderse, combinarse con la empresa pública, con la empresa privada, para el desarrollo”. El récord histórico de las patentes mexicanas se obtuvo el año pasado con 695, muy por encima de las 100 en promedio de la época de Fox o las 250 de la época de Calderón. Sin embargo, pese a los avances de 2024, esto es insuficiente. Es necesario incentivar el patentamiento y posteriormente la transferencia tecnológica.
En países líderes en tecnología, el Estado desempeña un papel importante en la transferencia de tecnología, como productor y usuario de innovaciones y como intermediario entre centros de innovación y la industria. Por ello, es necesario implementar acciones para mejorar la transferencia de tecnología a nivel nacional. Es por esta razón que el IMPI trabaja en diversos esfuerzos para impulsarla en el país.
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El objetivo es contribuir a que existan mecanismos eficaces de transferencia de tecnología, para garantizar que la capacidad científica y tecnológica se traduzca en beneficios sociales y económicos; por lo que vincular a las personas titulares de derechos de propiedad industrial con el sector productivo y empresarial es esencial en estos procesos.
En el corto y mediano plazo, se anunciarán estos esfuerzos y, sobre todo, los resultados.
