Ante la decisión de Donald Trump de imponer aranceles a los autos importados de México, el país no puede seguir solo con el mensaje de la paciencia y, menos aún, seguir buscando puertas falsas, como tasas preferentes, cuando tiene vigente un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Hoy México se encuentra en el peor de los escenarios posibles, pues, derivado de su necesidad de atraer inversiones que todo el sexenio pasado despreció, ha optado por la ruta de las concesiones a un socio y vecino tan abusivo como agresivo. Negociar nunca es una mala opción, pero ceder todo o casi todo en aras de mantener al interlocutor sentado en la mesa, sin obtener nada, no es negociar, sino claudicar.
México utilizó a 10 mil efectivos de su policía nacional para formar un muro humano que detuviera o redujera al mínimo los cruces fronterizos de indocumentados, mexicanos y de otros países; endureció en la frontera sur su política migratoria hacia Centro y Sudamérica; le puso impuestos a las importaciones chinas en detrimento de los consumidores mexicanos; aceptó sin protestar un gravamen al acero y al aluminio que exporta a Estados Unidos; después, entregó a aquel país a 29 narcotraficantes detenidos en México, sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento y con violaciones graves a las garantías mínimas de los procesados. A todas esas concesiones, hechas de forma pública, habría que sumar las que se realizaron en reuniones privadas y cuyo contenido nunca se conocerá. ¿Qué obtuvo a cambio de ese paquete? Apenas dos prórrogas, de un mes cada una, antes de sufrir exactamente lo mismo que aquellos países que no jugaron a agradar a Donald Trump.
La embestida arancelaria del trumpismo llegó. Los plazos se acabaron y, ahora sí, Trump lanzó el primer gran obús dirigido a dinamitar el TMEC. Después de tres meses perdidos por los amagos trumpistas, la realidad se impuso. A pesar de la experiencia, el gobierno aún trata de negociar, por fuera del TMEC, condiciones de excepción para estar en una mejor situación que otros países. Eso es un error, porque actuar así es prácticamente renunciar al TMEC por adelantado, cuando el tratado aún está vigente y, de hecho, es lo más importante en esta trama y lo que más debería defender el país.
El TMEC tiene mecanismos para impugnar acciones de cualquiera de sus socios y resolver las disputas que surjan de su incumplimiento. El tiempo de la mesura extrema parece haber terminado. Sirvió para navegar las agitadas aguas del arranque trumpista, pero ya no da para más si se considera que, para no romper con la administración Trump, el país y su gobierno han hecho demasiadas concesiones a cambio de nada.
Con Donald Trump no hay palabra empeñada que valga ni concesión que sea suficiente. Ha llegado el momento de defender y hacer valer lo que permite a los productos mexicanos acceder al mercado norteamericano sin pagar aranceles: el TMEC.
México debe denunciar el incumplimiento de los Estados Unidos y solicitar un panel de controversia al amparo del propio tratado, en lugar de “pactar” en una mesa de negociaciones por fuera del TMEC, donde siempre acaba cediendo a cambio de cacahuates.
El tratado está vigente, y lo conveniente ahora sería hacerlo valer de forma legal, en lugar de ignorar su existencia y buscar otra concesión caprichosa, temporal y muy costosa, como hasta ahora. El TMEC obliga a Estados Unidos, Canadá y México a no imponer aranceles a lo que fabrica y exporta cada uno de sus miembros. Si México lleva el caso del acero y el aluminio o el de la industria automotriz a un panel de controversia, es prácticamente imposible que pierda.
El escenario será complicadísimo, porque Trump no se detendrá. Es evidente que México saldrá lastimado, lo mismo que las empresas automotrices de Estados Unidos y, al final, también los consumidores norteamericanos. Pero asumir una posición de sacrificio para permitir que el presidente norteamericano abuse y agreda a México con tal de no romper la relación ya no es una opción útil.
