La situación que se vive en Teocaltiche, Jalisco, debe verse con lupa y no tomarse a la ligera.
Lo que se debe plantear primero, es que la responsabilidad de cualquier autoridad legalmente constituida en nuestro país, debe tener como prioridad atender y escuchar a la población y conducirse en el marco de la ley.
A partir de ahí, abrir los canales necesarios que permitan determinar si existen elementos o no para fincar responsabilidades delictivas a funcionarios públicos.
En este contexto, es sumamente lamentable y también cuestionable, lo dicho por el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, quien en una declaración a la ligera ante los medios de comunicación, dijo que las denuncias hechas por la gente de Teocaltiche sobre abusos y excesos por parte de sus policías estatales, son falsas.
Te puede interesar: Armenta, un impulso a la 4T
El funcionario jalisciense se convirtió en juez y parte, ya que sin una investigación de por medio sobre estas quejas, antepuso el poder que tiene dentro del gobierno de Pablo Lemus, antes que atender una demanda urgente y justa de los ciudadanos.
Las declaraciones de Juan Pablo Hernández, hacen ver que la población de Teocaltiche está coludida con el crimen organizado, en este caso con el Cártel Jalisco Nueva Generación, echando por el suelo, el trabajo diario de gente honesta que se levanta todos los días para salir a trabajar y llevar el sustento a sus familias.
Es irresponsable prejuzgar a una población entera de mentir ante una demanda urgente de que son víctimas no solo de los delincuentes sino también de la policía estatal que según la ley, su principal responsabilidad es velar por la seguridad y protección de la sociedad.
El tema cobra mayor relevancia cuando fue la propia alcaldesa de Teocaltiche, Margarita Villalobos Delgado, quien llamó, a través de los canales oficiales, a la población a documentar cada uno de los excesos y abusos de que son objeto por parte de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, ante la puesta en marcha de un operativo contra el crimen organizado el pasado jueves 23 de enero.
Sigue leyendo: Trump, la prueba de fuego para Sheinbaum
Y los pobladores así lo hicieron. Evidenciaron como las patrullas que ingresaron al municipio lo hicieron con los números de placas y económicos cubiertos, entraron a casas sin órdenes de cateo, algo que es a todas luces ilegal y que no puede justificarse con el argumento de un operativo con el crimen organizado.
Lo que hicieron los agentes al actuar así es violar totalmente el estado de Derecho, pues cualquier abogado sabe que en un juicio todas las posibles pruebas recabadas son ilegales y no cuentan. Pero lo que es más grave, cada acción de este tipo, significa una mayor pérdida de confianza de la gente a las autoridades.
Sino fueran ciertas las denuncias de la gente de Teocaltiche en contra de policías estatales, el gobierno municipal no hubiera emitido un comunicado urgente en sus canales institucionales para atender las quejas de la población, que ese día saturaron la línea de emergencias 911.
Es importante destacar que se está en favor de operativos que permitan desmantelar grupos criminales, en especial del Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera con total impunidad en los límites de los estados de Jalisco y Zacatecas, pero lo que no es permitido es criminalizar a toda una población al asegurar que mienten.
Te puede interesar: El sello del gobernador Armenta
También es muy cuestionable que una de las personas que iba al frente del operativo sea el comandante 05 Gómez, quien ha sido señalado en muchas ocasiones, de estar coludido con “El Geras” y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, lejos de abonar a la pacificación del estado, lastiman y ofenden a quienes viven en Teocaltiche, ya que pega en el ánimo al etiquetarlos de ser también partícipes de la violencia que vive su comunidad.
Lo que es aún peor, pone al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro como el responsable de estar al frente de un gobierno represor, que llegó al poder sólo para escuchar a su gente y hacer menos o mejor dicho no escuchar a la sociedad jalisciense cuando estos denuncian los abusos de que son objetos por sus policías estatales.
En Cortito: Desde hace tiempo En Corto advirtió que el entonces gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se iba a convertir en la vergüenza y deshonra del Movimiento de la Cuarta Transformación.
La lectura de este reportero no se equivocó y en Morena no saben cómo deslindarse de todo lo que tenga que ver con el ex futbolista.
Sus excesos y corruptelas lo persiguen a donde se presente y ante el descrédito a su gobierno y sus funcionarios corruptos, en Palacio Nacional, existe la orden de avanzar en las investigaciones sobre los malos manejos de su administración para meter a la cárcel a los ex servidores públicos que se hicieron millonarios por el constante desvío de recursos.
El tema de un intento de violación a una mujer, familiar de Blanco Bravo, se está tocando de manera independiente, ya que de resultar culpable será la vía legal para iniciarle en la Cámara de Diputados un eventual desafuero y llevarlo tras las rejas.
Me pregunto qué dirán esos reporteros que durante su administración fueron unos fieles defensores de Cuauhtémoc Blanco Bravo y que no dijeron ni una palabra de sus negocios turbios.
¿Será que se beneficiaron de cada uno de ellos y también forman parte de esa red de corrupción? Habrá que estar al pendiente de estas investigaciones, de las cuales se ve que el ex gobernador de Morelos no podrá salir bien librado.