Con la despenalización del aborto en Chiapas y el Estado de México, las entidades con mayor crecimiento religioso no católico en el país, se inicia el primer trimestre de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que sienta un mal augurio para grupos ProVida, ministros de culto conservadores y las iglesias fundamentalistas que pretenden imponer una moral en México desde hace décadas.
La entidad mexiquense es la más poblada del país (casi 17 millones de habitantes); puede aportar más de 13 millones de votos en una elección; el número de congregaciones cristianas se ha duplicado en los últimos 30 años; el número de grupos fundamentalistas dentro de esas iglesias también creció en los sexenios priistas los cuales se unieron a lo que ya existían en el catolicismo y grupos de padres de familia formando un frente que se dedicó a realizar marchas “a favor de la vida” y en contra de lo que denominaron “ideología de género”.
En las campañas políticas al gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo, cuando se reunían con ministros de culto, los políticos se comprometieron a impedir la despenalización del aborto. Los conservadores ya no intentaron una reunión con la actual mandataria estatal, Delfina Gómez Alvarez, pues la identificaron con la corriente progresista del partido Morena, al que pertenece.
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En Chiapas, donde abundan los grupos neo carismáticos y pentecostales que se distinguen por tener una estructura vertical en su forma de obediencia incondicional para el pastor o líder, también el aborto fue un tema satanizado, al igual que lo son los matrimonios igualitarios, la educación sexual para niños y los derechos de la comunidad LGBTQ. A través de las más de 20 estaciones de radio no permisionadas propiedad de evangélicos, los ministros de culto llevaron a cabo una campaña de desinformación, basada en La Biblia -según ellos- para condenar a las abortistas y a quien estuviera a favor de su práctica.
Fue en septiembre del año pasado cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto en todo el país, obligando a los estados para que armonizaran sus códigos penales y evitar que las gestantes que decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas vayan a la cárcel, pero la mayoría de las entidades, donde ya está despenalizado, todavía no han querido cambiar su legislación por la presión de grupos ProVida, o por la desidia de los mismos diputados locales, como es el caso de Nayarit y Yucatán.
Evangélicos y católicos que no votaron por Morena sienten que esta administración llevará con mayor celeridad a los mexicanos a lo que llaman la cultura de la muerte y que vamos no sólo a la pérdida de más valores, sino a la desintegración de la familia. Bueno… es lo que dicen.
PALABRA DE HONOR: A principios de noviembre pasado, una familia, de las más de 40 que huyeron para no sufrir violencia, pudo regresar a Rancho Nuevo, comunidad en el municipio hidalguense de Huejutla donde los católicos violentaron evangélicos por no seguir la misma religión. Las autoridades estatales no han podido llevarlos a la reconciliación desde hace más de 6 meses cuando el grupo de la Iglesia Bautista local debió salir por temor a perder la vida.
