Si yo fuera candidato a un cargo judicial de los que estarán en juego en las elecciones del próximo 1º de junio, hay cuestiones básicas que deben guiar mi campaña. En este contexto, debo tener mucha claridad en las reglas que debo seguir, los tiempos que debo contemplar, y las precauciones que debo tener para asegurar que mi campaña se desarrolle dentro del marco legal y de forma transparente.
En primer lugar, es fundamental que todos los candidatos respetemos las reglas que guiarán nuestra campaña. Aunque los lineamientos de proselitismo para cargos judiciales son relativamente nuevas, deben ser entendidas y cumplidas puntualmente, ya que cualquier violación podría resultar en sanciones que afectarían mi candidatura.
El periodo de campaña para los aspirantes a cargos judiciales será de 60 días, sin posibilidad de prórroga. Esto significa que mis esfuerzos de promoción deben concentrarse entre el 30 de marzo y el 28 de mayo de 2025. Debo tener claro que el tiempo es limitado, por lo que cada acción debe ser cuidadosamente planeada.
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Actividades permitidas en la campaña
Hay varias maneras en las que puedo difundir mi propuesta y dar a conocer mi visión sobre la justicia:
Puedo participar en entrevistas noticiosas que me permitan explicar mi trayectoria profesional y mis ideas sobre el Poder Judicial.
Estoy autorizado a difundir material propagandístico que resuma mi experiencia y las propuestas que considero necesarias para mejorar el sistema judicial.
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Tendré la oportunidad de participar en debates públicos, siempre que sean gratuitos y ofrezcan un espacio equitativo a todos los demás candidatos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) nos asignará tiempos en radio y televisión para que pueda promover mi candidatura, lo que garantizará que los votantes tengan acceso a mi propuesta de una manera equitativa.
También tengo la opción de utilizar las redes sociales para conectar directamente con los votantes, siempre que las plataformas se utilicen de acuerdo con los lineamientos del INE.
Lo que no puedo hacer
Es igualmente importante estar al tanto de lo que no está permitido en mi campaña:
No puedo recibir financiamiento público ni privado para mi campaña. Todos los gastos deben estar dentro de los límites establecidos por el INE.
Los partidos políticos no pueden respaldar mi candidatura, ni los servidores públicos pueden intervenir en mi campaña.
Está prohibido hacer promesas para ofrecer incentivos o beneficios a cambio de votos o apoyo.
Una de las partes más importantes del proceso electoral es la fiscalización, por lo que debo tener muy en cuenta los límites establecidos para los gastos de campaña. Los montos autorizados por el INE son los siguientes:
Para ministros de la Suprema Corte y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral: $1,468,841.33 MXN.
Para magistrados de la Salas Regionales del Tribunal Electoral: $881,304.80 MXN.
Para magistrados de circuito y apelación: $413,111.63 MXN.
Para jueces de Distrito: $220,326.20 MXN.
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Es importante no exceder estos montos, ya que el INE llevará un registro detallado de los gastos de cada candidato. Además, debo registrar cada gasto y acción relacionada con mi campaña en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC).
Es importante que mi campaña se desarrolle de manera equitativa. Si bien tengo la oportunidad de participar en entrevistas y foros, debo asegurarme de que no se den situaciones en las que mi presencia o recursos puedan generar ventajas sobre otros candidatos. La imparcialidad es clave para que la competencia sea justa.
Como candidato a un cargo judicial, tengo claro que la transparencia, el respeto a las reglas y la ética en la campaña son esenciales para obtener la confianza del electorado.
