A mediados de marzo el gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centroamérica que motocicletas, automóviles particulares, así como vehículos de transporte de personas y carga debían tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, con la finalidad de reducir accidentes de tránsito y las consecuencias fatales de los mismos. Este seguro es una práctica común y necesaria que se implementa en todo el mundo, sin embargo, en América Latina la cultura de contratación de seguros no se encuentra tan arraigada como en otros países.
El grupo meta de los acuerdos gubernativos publicados, especialmente motociclistas y transportistas, salió a manifestarse en contra de las medidas anunciadas. Bloquearon puntos estratégicos en la Ciudad de Guatemala y de acceso a la misma, así como lugares clave en el interior del país, causando estragos a la libre circulación de la ciudadanía. Además, el gran reto que enfrenta un gobierno y un país en estos casos, es la violencia que se genera durante los bloqueos ilegales y la afectación que en consecuencia sufren miles de personas.
Te puede interesar: Hallan altar teotihuacano en sitio arqueológico en Guatemala (fotos)
Con el fin de que los manifestantes levantaran los bloqueos, el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordó con quienes lideraban las manifestaciones establecer una mesa técnica de diálogo y trabajo para revisar la ley de tránsito, diseñar una propuesta de ley general de transporte, así como derogar los acuerdos gubernativos que habían sido publicados.
En paralelo a estos acontecimientos, se había publicado un acuerdo gubernamental que establece una ampliación presupuestaria adicional por 118 millones de quetzales, unos 15 millones 130.000 dólares americanos. Pareciera entonces el anuncio del seguro obligatorio una cortina de humo, si tomamos en cuenta que la noticia de la ampliación presupuestaria podría generar importantes críticas al gobierno.
Queda claro que la publicación tan repentina de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes pudo haberse preparado de mejor manera, entablando un diálogo previo con todas las partes involucradas, usuarios de motocicletas, automóviles privados y transportistas, así como, por supuesto, aseguradoras.
Sigue leyendo: Datos biométricos y blindaje en frontera con Guatemala: Lo que Sheinbaum rechazó y aceptó a Kristi Noem
Este caso, que en apariencia podría parecer trivial, resulta útil para ilustrar cómo se aplica cotidianamente la filosofía política liberal. En el liberalismo, la libertad individual es el valor central; sin embargo, esta nunca es absoluta, ya que se encuentra limitada por el derecho de los demás a no ser perjudicados. Bajo esta premisa, el Estado tiene la facultad de imponer la obligatoriedad del seguro, con el objetivo de evitar daños a terceros.
John Stuart Mill lo expresó con claridad: “El único propósito por el cual el poder puede ser legítimamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es evitar que cause daño a otros”.
Desde esta perspectiva, considero que el seguro obligatorio contra terceros y ocupantes, propuesto por el gobierno de Guatemala, es absolutamente necesario. Quienes resultan afectados por un daño tienen derecho a ser indemnizados por quien lo causó, y si esa persona no cuenta con los medios para hacerlo, el seguro garantiza una compensación mínima para proteger a los terceros involucrados.
Mi libertad llega hasta donde comienza la libertad de otra persona.
