La red de complicidades que creó el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, empieza a caerse a pedazos, afectando no sólo al ahora diputado federal, sino también a aquellos funcionarios que pusieron en sus manos las instituciones públicas para defenderlo.
A penas a unos días de ocupar su escaño en la Cámara de Diputados, claro por la vía plurinominal, en la entidad morelense salió a la luz una denuncia penal en su contra por abuso sexual en grado de tentativa, en la cual también se involucra a su hermano Ulises Bravo Molina, por amenazar a la víctima.
El asunto tomó especial relevancia este martes, cuando una periodista le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre este tema, durante su conferencia del pueblo, a lo cual la jefa del Ejecutivo federal, fue tajante al señalar que se investigue y por ende se castigue, en caso de existir algún delito.
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A diferencia del expresidente López Obrador que lo defendió a capa y espada, Sheinbaum fue directa al afirmar que la demanda por una presunta violación debe seguir su curso y por lo tanto no habrá impunidad.
A esto se suma que en Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia, ya vio el desastre que dejó el exfutbolista en materia de seguridad, ya que lejos de proteger a los ciudadanos, los policías de la Comisión Estatal de Seguridad, más de un centenar de ellos, estaban asignados a la custodia de la familia del exfutbolista del Club América, propiedad de Televisa.
La mandataria morelense ya ordenó que 150 policías que eran escoltas de Blanco Bravo y sus allegados, regresen a sus funciones reales que son las de velar por la seguridad de cada uno de los morelenses y no cuidar a los familiares del ex futbolista.
Otra muestra del desastre en materia de seguridad es la administración de los reclusorios del estado, en particular el de Atlacholoaya, donde fueron cesados todos los mandos por actos de corrupción y en los próximos días, habrá más evidencias de la pésima administración que hubo con funcionarios traídos de Veracruz.
Sin embargo, el mayor golpe certero que recibió uno de los incondicionales de Cuauhtémoc Blanco Bravo, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa Olea.
El titular del Poder Judicial local, el pasado lunes recibió un revés de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al darle la razón a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para que pueda recibir y solicitar información sobre cualquier queja de naturaleza administrativa y/o laboral que venga de dicho tribunal.
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Ahora el “amigo” del ex ídolo nacional tendrá que dar una explicación a cada uno de los morelenses sobre sus actuaciones o ver el modo de defenderse.
Esto debido a que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos cuenta, hasta el momento, con nueve expedientes de queja contra el Presidente del TSJ iniciados por presuntas violaciones a derechos humanos, tales como hostigamiento y acoso laboral, acoso sexual, discriminación, libertad de expresión, violencia vicaria, entre otras.
Es decir, la Suprema Corte le ordenó que entregue la información de cada una de estas quejas, y en caso de que alguna de ellas avance en materia penal, algún juez podrá emitir una orden de aprehensión en su contra.
En Morelos se sabe que el todavía presidente del Poder Judicial de Morelos, Jorge Gamboa Olea, era la persona que alertaba a Blanco Bravo y su familia cuando había denuncias penales en su contra, pero en especial, conseguía que cada una de ellas, no se convirtieran en órdenes de aprehensión.
Los tiempos han cambiado, son tiempos de las mujeres, y ahora en pleno proceso de destitución de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahora vayan a una elección en 2025, no creo que en este momento salga algún juez a otorgarle un amparo o defender tanto a Jorge Gamboa Olea como al ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien por cierto, también cuenta con nulo apoyo en la Cámara de Diputados, en caso de que proceda la denuncia por presunta violación en su contra, y de este modo evitar un eventual desafuero.
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En Cortito: En más de Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene razón de que es necesario combatir la corrupción de algunos jueces y magistrados ligados al titular del Poder Judicial de Morelos, Jorge Gamboa Olea, ya que de manera increíble no valoraron pruebas periciales de informática que existían en contra de Vanessa Linette Ballar, alias “La Güera”, considerada como presunta autora intelectual del homicidio de dos hombres israelíes en la Plaza Artz Pedregal en la Ciudad de México.
Son tres los jueces involucrados en este caso, que desestimaron el trabajo conjunto de las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México y de Morelos que permitió la captura y encarcelamiento de “La Güera”.
No es la primera vez que jueces allegados a Gamboa Olea tienen señalamientos de este tipo y que no entienden que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está en contra de la impunidad.
También nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, resolvió un problema heredado desde hace nueve años y que era un adeudo millonario con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
Nos dicen que el pago del mismo, se logró gracias a una disciplina financiera y austeridad que ha caracterizado a la actual administración.
Para cerrarlo, el presidente municipal José Luis Urióstegui, entregó un cheque por más de 37 millones de pesos que garantiza a los trabajadores sindicalizados y policías acceder a todos los créditos.
La liquidación de la deuda traerá beneficios a por lo menos mil 350 trabajadores de Cuernavaca y esto habla de un buen ejercicio de gobierno.
