El 16 de diciembre de 2024 fue aprobada por el Senado la reforma al INFONAVIT, sin embargo al surgir cuestionamientos públicos en torno a la supuesta ausencia de vigilancia sobre los fondos de vivienda que administra el instituto, fue devuelta a la Cámara de Diputados para su revisión y modificación, donde el 1 de febrero, con 346 votos a favor y 90 en contra, se aprobó en lo general, y posteriormente fue aprobada de nuevo por el Senado de la República el jueves 13 de febrero, encontrándose en periodo de discusiones en lo particular donde de aprobarse también, pasaría al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
El motivo de la reforma, de acuerdo a la justificación dada por sus promoventes morenistas, es la de “garantizar el acceso a una vivienda digna en propiedad o arrendamiento”, ya que según señalan, desde la reforma de 1992, el INFONAVIT dejó de construir vivienda. Con la reforma propuesta, el INFONAVIT volverá a la construcción de vivienda, donde de acuerdo a una publicación del portal Cámara Periodismo Legislativo ésta será “a través de una empresa filial que, por su naturaleza jurídica, no será considerada entidad paraestatal, y gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones, en términos del derecho privado”.
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Con respecto al uso de recursos del INFONAVIT, que están integrados por las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores, y de acuerdo a lo publicado por Cámara Periodismo Legislativo “no estarán sujetos a auditoría, revisión o fiscalización alguna”. En esta misma publicación, se menciona que la “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisará y vigilará las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras derechohabientes”, también se menciona que “la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará y revisará la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo”. De igual forma, se aclara que “el Consejo de Administración aprobará anualmente el presupuesto de inversión en construcción, garantizando se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas trabajadores derechohabientes”.
Uno de los aspectos más interesantes de la reforma, es la creación de la figura de “arrendamiento social” que permite al INFONAVIT rentar “los inmuebles que se construyan o que sean bienes recuperados”, donde las personas que accedan a esta modalidad podrían tener la opción de comprar la vivienda donde estén residiendo, tomándose a cuenta las rentas que hayan pagado al momento de su adquisición.
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Con respecto de los cuerpos colegiados, se menciona que no recibirán remuneración alguna y de acuerdo a la publicación del portal Cámara Periodismo Legislativo, “la Comisión de Vigilancia será formada por nueve integrantes que la Asamblea General tiene responsabilidad de designar, y serán propuestos por cada representación sectorial: tres por el Gobierno Federal, tres del sector de las personas trabajadoras y tres del sector empresarial”. Mientras que el Comité de Auditoría será integrado por tres partes, contando con un integrante designado por el Gobierno Federal, uno por representación del sector de los trabajadores y uno del sector empresarial. Con todos estos cambios, queda esperar que el manejo de los recursos de los trabajadores que esperan poder acceder a tener una vivienda, sea empleado de forma responsable y transparente, ayudando a resolver la problemática de acceso a la vivienda existente en el país ¿será esta reforma la solución? Al tiempo lo sabremos.
