La reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido un intenso debate sobre el equilibrio entre la soberanía informativa y la libertad de expresión.
La iniciativa, ya aprobada en el Senado y aún pendiente en la Cámara de Diputados, plantea prohibir la difusión de propaganda de gobiernos extranjeros en medios nacionales, una medida que surge tras la controversia generada por los spots antiinmigrantes de Kristy Noem, Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, los cuales criminalizan a la comunidad migrante y se transmitieron en televisión abierta mexicana.
El contexto de esta reforma refleja un problema evidente: la injerencia extranjera en los medios nacionales puede impactar negativamente la narrativa pública y la percepción social. Sin embargo, más allá de esta intención inicial, la propuesta incluye un artículo específico que ha levantado serias preocupaciones.
El artículo 109 otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial. Este poder discrecional, carente de límites claros y supervisión judicial, ha sido criticado por especialistas en derechos humanos y legisladores de la oposición.
La preocupación radica en el riesgo latente de que esta medida se convierta en un instrumento de censura. La ATDT actuaría como juez y parte al definir los criterios para los bloqueos y decidir su aplicación, un modelo que carece de transparencia y contrapesos. Este escenario podría abrir la puerta a abusos de poder, afectando derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana y tratados internacionales, como la libertad de expresión y el acceso a la información.
Un ejemplo internacional ofrece una guía sobre cómo abordar estos retos sin comprometer derechos democráticos. En Alemania, la regulación contra la incitación al odio en redes sociales incluye mecanismos judiciales y procedimientos independientes de revisión, garantizando que las restricciones no deriven en censura. En contraste, la propuesta mexicana carece de salvaguardas similares, lo que genera inquietud sobre el posible uso político de estas facultades.
Los riesgos son evidentes:
Censura arbitraria: La facultad de bloquear plataformas podría emplearse para silenciar críticas al gobierno, afectando la pluralidad informativa.
Vulneración de derechos: Los ciudadanos podrían ver restringido su derecho a la información y la libertad de expresión.
Precedente autoritario: Administraciones futuras podrían usar estas herramientas para consolidar un control hegemónico de la narrativa pública.
Impacto en la innovación: La incertidumbre regulatoria podría ahuyentar inversiones tecnológicas, afectando la economía digital.
Esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aborda un problema real, la difusión de desinformación y la manipulación de contenidos, pero su diseño actual no protege adecuadamente los principios democráticos. El balance entre la soberanía informativa y la garantía de derechos fundamentales es una tarea delicada que exige mecanismos claros, contrapesos efectivos y una supervisión judicial independiente.
En un país que ha luchado por construir una democracia plural y participativa, entregar facultades ilimitadas a un organismo sin mecanismos de control podría ser un paso en la dirección equivocada. La regulación digital es necesaria, pero debe orientarse por principios que fortalezcan la libertad de expresión y la transparencia, en lugar de sacrificarlos en nombre de un control estatal tan delimitado.
La soberanía informativa es importante, pero no a costa de la democracia. En esta encrucijada, el Congreso tiene la oportunidad y la responsabilidad de revisar la reforma para garantizar que proteja tanto los derechos de los ciudadanos como el ecosistema digital del país. En lugar de crear precedentes peligrosos, se debe apostar por una legislación que refleje los valores democráticos y fortalezca el futuro digital de México.
