La semana pasada se aprobó una reforma que establece que la pensión para jóvenes que no estudian ni trabajan es un derecho constitucional. Sin embargo, tras 5 años de aplicación del programa social “Jóvenes Construyendo el Futuro” nos encontramos ante un panorama nada alentador:
Es alarmante saber que el grupo de jóvenes entre 18 y 29 años es el más afectado por el desempleo, a pesar de que ese es justo el momento de sus vidas cuando su energía, vitalidad y capacidad de aprender están en su punto máximo.
La raíz del problema es profunda: muchos jóvenes no han recibido la capacitación necesaria ni han tenido acceso a una educación adecuada. Cifras desoladoras nos dicen que el 40% de ellos no ha completado la preparatoria, a pesar de haber tenido derecho a ella. Esta falta de preparación es una deuda que como sociedad tenemos que saldar. Debemos asumir la responsabilidad de haber fallado en proporcionarles las herramientas que podrían haber transformado su futuro.
La situación es aún más crítica cuando se observa la sensación de escasez de oportunidades no solo afecta su autoestima, sino también su salud mental. Hoy vemos cómo la ansiedad y la depresión se han convertido en sombras que acechan a nuestra juventud, con una alarmante cantidad de adolescentes que sufren por estas causas.
En ese sentido, parece ser que la reciente reforma recién aprobada es un paso crucial para transformar la vida de miles de jóvenes en nuestro país. Sin embargo, también es claro que no basta con ofrecer apoyos económicos durante el desempleo, ya que este debe ir de la mano con acciones que promuevan el bienestar integral de las personas a las que busca beneficiar.
Es fundamental que además de las iniciativas para apoyarlos económicamente, existan programas de integración en el mercado laboral, asesoría profesional y herramientas que les ayuden a encontrar un propósito. De lo contrario, corren el riesgo de verse obligados a adoptar una postura conformista, sacrificando su idealismo para no arriesgar la estabilidad, aunque esta venga acompañada de una profunda insatisfacción que abonan a los problemas de salud mental que podrían padecer.
En otras palabras, los programas sociales para los jóvenes solo tienen sentido en la medida en que estos ayudan a construir un país donde cada talento tenga el espacio que necesita para florecer. No podemos permitir que las circunstancias determinen el valor de sus vidas; de lo contrario contribuiríamos al incalculable desperdicio de capacidades que ya se ve reflejado en la vida de muchas personas.
Esperemos que el hecho de que se añada este nuevo derecho a la Constitución se traduzca en mejores oportunidades y herramientas para las personas que se integren por primera vez al mercado laboral y contribuyan a la construcción de un futuro más igualitario.
