La informalidad es un fenómeno que afecta a muchas economías en desarrollo y emergentes, obstaculizando su potencial de crecimiento y desarrollo sostenible. En este contexto, la protección de la propiedad industrial se presenta como una herramienta clave para combatir la informalidad, fomentando un entorno propicio para la innovación y la competitividad.
La informalidad laboral y empresarial se refiere a aquellas actividades económicas que no están registradas ante las autoridades competentes, lo que implica la ausencia de derechos laborales, protección social y beneficios fiscales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 48% de los mercados laborales en algunos países de América Latina y el Caribe operan en la informalidad.
Este fenómeno no solo limita el acceso a servicios básicos, sino que también reduce la capacidad del Estado para recaudar impuestos, afectando así el financiamiento de proyectos públicos y servicios esenciales. Ya la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 señala que la informalidad representaba el 57% de la economía, hoy todavía corresponde el 53%, 4 años después a pesar de los procesos de bancarización que se generan con los bancos del bienestar.
La informalidad tiene múltiples consecuencias negativas para la economía, incluyendo la desigualdad laboral, una innovación limitada, las empresas informales tienden a ser menos innovadoras, debido a la falta de protección legal para sus ideas y productos; competencia desleal, pues las empresas formales enfrentan dificultades para competir con aquellas que operan en la informalidad, dado que estas últimas suelen evitar impuestos y cumplir con regulaciones.
La protección de la propiedad industrial es esencial en la lucha contra la informalidad. Fortalecer el marco jurídico y brindar certeza jurídica puede fomentar la innovación, al garantizar los derechos de los inventores y emprendedores, se incentiva la creación de nuevos productos y servicios, lo que a su vez puede formalizar la economía; crear valor agregado, pues se protegen su propiedad industrial pueden generar más valor, lo que les permite sostenible y competitivamente expandirse, creando empleo formal, o facilitando la competencia, un entorno donde las marcas y patentes están protegidas promueve una competencia justa, beneficiando a los consumidores a través de una mayor variedad de productos y precios más competitivos.
Para lograr la reducción de la informalidad y promover la protección de la propiedad industrial, es preciso adoptar diversas estrategias en educación y capacitación; incrementar la conciencia sobre la importancia de la formalización y la protección de los derechos de propiedad industrial, así como ofrecer programas de capacitación para emprendedores; la simplificación de trámites, que es precisamente el objetivo de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, así como incentivos fiscales, entre otros.
La reducción de la informalidad y la protección de la propiedad industrial son elementos interdependientes que juegan un papel crucial en el desarrollo económico de un país. A través de la implementación de políticas efectivas y una legislación robusta, es posible cultivar un ecosistema económico donde la innovación, la competitividad y la justicia social convivan de manera armónica, beneficiando a todos los actores involucrados. El desafío radica en la voluntad política y la colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para revertir esta situación y promover un futuro más justo y próspero.
