Ha iniciado la COP 16 sobre biodiversidad en Colombia con altas expectativas. Hace dos años se firmaron compromisos muy importantes dirigidos a frenar la deforestación y la destrucción de ecosistemas. El problema de estos acuerdos es que después de mucho ruido quedan pocas nueces y al final lo prometido no se cumple.
Desde esta perspectiva, el objetivo más importante de la COP 16 es evaluar los niveles de cumplimiento de las metas establecidas, impulsar su cumplimiento efectivo durante esta década y definir los mecanismos de monitoreo necesarios. Esto último implica desarrollar sistemas de indicadores que permitan medir de forma más oportuna la pérdida de cobertura vegetal o el riesgo de extinción de especies. En este caso, no hay margen para el autoengaño, si los Estados no cumplen en tiempo y forma sus compromisos de protección y restauración de ecosistemas, la humanidad enfrenta el riesgo de colapso de la biodiversidad del planeta con consecuencias e impredecibles e irreversibles.
El primer reto es vincular los objetivos de protección de biodiversidad con la agenda de cambio climático. Los datos existentes sobre pérdida de bosques y selvas como resultado del aumento en la temperatura, nos advierte que en un planeta caliente por encima de los 1.5oC por encima del promedio del planeta en los últimos 12,000 años, las estrategias de conservación mejor intencionadas están condenadas a consumirse entre las llamas de los incendios forestales.
El segundo reto es garantizar el financiamiento suficiente y oportuno para que los países de bajos recursos y en desarrollo puedan implementar programas de protección y restauración de ecosistemas. Sin el flujo de recursos difícilmente se cumplirán los compromisos acordados y en el tiempo requerido. Lo que ha ocurrido con los compromisos del Acuerdo de París en materia de financiamiento, nos advierte que los países desarrollados no cumplen sus obligaciones de transferir recursos y que esto tiene un impacto directo en la posibilidad de alcanzar las metas establecidas.
Un tercer reto es desarrollar e implementar políticas de protección de la biodiversidad con criterios de justicia ambiental. Esto representa un imperativo indispensable, pero incrementa la complejidad de las negociaciones porque involucra integrar la voz de pueblos indígenas y comunidades locales, además de reconocer obligaciones de justicia global, la existencia de injusticias estructurales y el impacto negativo de prácticas extractivistas y proyectos de desarrollo no sostenibles.
Un cuarto reto consiste en desarrollar instrumentos legales y de seguridad para contener el crimen ambiental y la explotación de mercados de recursos naturales por organizaciones criminales, al igual que proteger de la violencia a los defensores y activistas ambientales, tema más que prioritario en América Latina ante los altísimos niveles de ataques y homicidios que lastra a la región.
La COP 16 de la convención para la biodiversidad que ha comenzado esta semana, tiene una importancia capital ante la advertencia que distintos reportes han señalado recientemente la existencia de las señales inequívocas de colapso en la biodiversidad global. Habrá que ver si los Estados asumen la responsabilidad de actuar con la urgencia requerida o si seguiremos pateando el bote indefinidamente a pesar de las cascadas de riesgos involucradas y el potencial de daños y ciclos de retroalimentación impredecibles.
