La necesidad de una reforma electoral que fortalezca la democracia mexicana es ineludible. En el contexto de los cambios que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, resulta crucial analizar los aspectos fundamentales que dicha reforma debe abordar para garantizar un sistema electoral transparente, justo y equitativo.
La posibilidad de reelección consecutiva, introducida en recientes reformas, no ha cumplido con las expectativas de empoderar al ciudadano. En cambio, ha consolidado estructuras partidistas que priorizan intereses internos sobre las demandas sociales. La eliminación de este mecanismo podría promover una renovación constante en los espacios de representación, permitiendo la participación de nuevos liderazgos y reduciendo la influencia excesiva de los partidos sobre las decisiones legislativas.
Un aspecto crítico es garantizar que los procesos electorales sean inmunes a la influencia de grupos delincuenciales. Esto requiere un fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, así como mecanismos eficaces de investigación y sanciones severas contra quienes intenten manipular la selección de candidaturas o los resultados electorales. La colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y las autoridades de seguridad es esencial para blindar las elecciones.
No olvidemos que México ha experimentado los comicios más violentos de su historia.
El uso indebido de recursos públicos en favor de partidos políticos constituye una práctica que debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Es fundamental implementar sistemas de auditoría en tiempo real y sanciones ejemplares para evitar que los recursos destinados al desarrollo social sean desviados hacia campañas electorales.
La capacidad técnica y organizativa del INE ha sido uno de los pilares del sistema electoral mexicano. Sin embargo, su dependencia financiera de la voluntad política ha mermado su eficacia. Dotar al INE de autonomía financiera permitiría garantizar su imparcialidad y profesionalismo, reduciendo riesgos de interferencia política en sus decisiones y actividades.
El actual esquema que permite a los partidos o alianzas ganadoras acceder a una proporción significativa de diputaciones plurinominales ha generado inequidades en la representación parlamentaria. La reforma debería enfocarse en establecer un sistema que refleje mejor la pluralidad de la sociedad, evitando concentraciones de poder que debiliten el principio de proporcionalidad.
La naturaleza de los plurinominales pertenece a las minorías.
El financiamiento público debe consolidarse como el único mecanismo permitido para sostener a los partidos políticos. Esto garantiza que su accionar responda al interés público y no a intereses particulares. Además, se deben establecer criterios claros y transparentes para la distribución de estos recursos, así como mecanismos estrictos de fiscalización.
La reforma electoral es una oportunidad única para transformar la democracia mexicana y fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones. Cada uno de los aspectos mencionados representa un reto significativo, pero también una posibilidad de avanzar hacia un sistema electoral más justo y representativo. Es crucial que esta reforma sea producto de un debate amplio e incluyente, que priorice el interés nacional sobre intereses partidistas o de corto plazo.
@jlcamachov
