El 2024 fue un año muy activo en cuanto a la ocurrencia de diversos acontecimientos relevantes para la vida pública de México. No solamente se tuvieron elecciones presidenciales, sino que las elecciones legislativas arrojaron una mayoría calificada sin paralelos en los últimos 30 años.
A partir de esta configuración política, se dieron importantes cambios en el sector energético nacional. Estos cambios siguen, de manera acentuada, la política energética que se inicio a implementar en durante la administración 2012-2018, que tiene como principal característica, un enfoque centralista y nacionalista, buscando darles preponderancia a las empresas estatales, buscando, de acuerdo con las autoridades del sector, alcanzar objetivos como la autosuficiencia energética, la confiabilidad del sistema eléctrico y la soberanía, entre otros.
Valiéndose de la mencionada mayoría en el Congreso de la Unión, la actual administración ha aprobado reformas de gran calado en diversos temas de la vida nacional. El sector energético no se vio exento de esta prolífica actividad legislativa, ya que, en los últimos meses, se han aprobado reformas que traerán cambios importantes, tanto en temas institucionales y orgánicos, como en las actividades sustantivas de la industria.
En primer lugar, se llevo a cabo una reforma que transforma la naturaleza orgánica de las empresas estatales, para dejar de ser Empresas Productivas del Estado (su actual naturaleza, adquirida a través de las reformas constitucionales del 2013), para convertirse en Empresas Públicas. Este cambio menor en semántica representa un cambio profundo en la lógica y en la operación de Pemex y de CFE, pues, previsiblemente, dejaran de operar en una lógica de mercado (compitiendo abiertamente contra empresas del sector privado), para buscar únicamente objetivos de interés nacional, tal como estos se definan a través de la política energética que dicte el Ejecutivo Federal. Para lograr este objetivo, ambas empresas tendrán preminencia sobre el resto de los participantes del sector, como lo confirma el propio texto constitucional aprobado.
Asimismo, se publico otra importante reforma que extingue a los órganos reguladores del sector energético, CRE y CNH, en la forma en la que existen a partir de 2013. Estas agencias, que gozan de un grado importante de autonomía, y que tienen el carácter de dependencia del Ejecutivo Federal, pasaran a integrarse nuevamente dentro de la Secretaria de Energía, tal como sucedía cuando ambos reguladores fueron creados en 1993 y 2008, respectivamente. El impacto de esta reforma radica, principalmente, en que la ausencia de reguladores independientes de la lógica y ciclos políticos puede propiciar que los procesos competitivos dentro de los mercados energéticos no se desarrollen de forma adecuada. Sin embargo, habrá que ver como se desenvuelven estos reguladores en un entorno que, en principio, parece apartarse de la lógica de mercado y competencia que surgió a partir de la reforma energética de 2013.
Estos cambios constitucionales tendrán un gran impacto en la forma en la que se desarrollan las actividades de la industria. Sera muy importante conocer la legislación secundaria que se expida durante el próximo periodo legislativa, a través de la cual se implementen estos cambios constitucionales. La buena noticia es que, después de mas de un sexenio, habrá una política energética que sea acorde con el marco normativo vigente, lo cual permitirá a los participantes del sector desempeñar sus actividades con un mayor grado de certeza, sea cual sea el entorno en el que lo hagan.
