La Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa en México, una medida que debería ser de uso excepcional pero que, en manos del oficialismo, se convierte en una herramienta de control y represión. Esta reforma no responde a la necesidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía; responde al proyecto autoritario de un gobierno que busca amoldar la Constitución a sus intereses, asegurándose de que el poder permanezca en sus manos y silenciando a quienes piensen distinto.
La historia reciente de México es testigo de esta tendencia. Primero, el gobierno actual atacó la autonomía del Poder Judicial, luego avanzó en la militarización del país y ahora pretende encarcelar sin juicio. En teoría, la prisión preventiva oficiosa debería aplicarse solo en situaciones extremas, pero su ampliación abre la puerta a abusos y se convierte en un peligroso mecanismo para contener la crítica y acallar a los opositores.
Esta medida no está diseñada para castigar a los grandes criminales, como se ha querido hacer creer. Prueba de ello fue el “Culiacanazo”, donde, ante una clara oportunidad de ejercer el poder del Estado para capturar a un líder del narcotráfico, el gobierno optó por rendirse. Se liberó a Ovidio Guzmán frente a las cámaras, y la justificación fue “prudencia”. Del mismo modo, el propio gobierno admitió públicamente que nunca hubo interés en capturar al Mayo Zambada, uno de los grandes capos del narcotráfico en el país; la persecución quedó en manos de otro país. La realidad es evidente: la prisión preventiva oficiosa no será aplicada a estos grandes criminales, sino a aquellos ciudadanos que tengan la audacia de cuestionar y desafiar al poder.
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La justificación de “seguridad” resulta, entonces, una hipocresía. Mientras los verdaderos delincuentes logran evadir la justicia, las cárceles se llenan de personas inocentes o que no han sido declaradas culpables. En México, 4 de cada 10 personas encarceladas no han recibido sentencia, y el impacto es aún mayor para las mujeres y los sectores más pobres. Casi la mitad de las mujeres en prisión, el 46.9%, están encerradas sin que se haya demostrado su culpabilidad. Estas cifras no solo reflejan un sistema judicial injusto, sino una herramienta que oprime a los sectores más vulnerables.
Casos como el de Jacinta Francisco Marcial y Alejandra Cuevas revelan el verdadero rostro de la prisión preventiva oficiosa. Jacinta, una mujer indígena otomí, pasó tres años en prisión tras ser acusada sin pruebas de secuestrar a agentes federales, solo para que años después se demostrara su inocencia. Alejandra Cuevas, otra víctima de este sistema, fue encarcelada a sus más de 60 años bajo acusaciones injustificadas, quedando a la merced de un sistema que parece castigar la pobreza, el género y la vulnerabilidad en lugar de impartir justicia. Estas mujeres, y miles como ellas, han sido víctimas de un sistema que prefiere mostrar “mano dura” a costa de la dignidad humana, mientras los criminales con conexiones y poder permanecen libres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales han insistido en que la prisión preventiva oficiosa es una violación a los derechos humanos y un atentado contra la presunción de inocencia. Sin embargo, el oficialismo prefiere ignorar estas advertencias, consolidando una narrativa de seguridad que es, en realidad, un mecanismo de opresión. El gobierno actual ha decidido que es más fácil llenar las cárceles de ciudadanos pobres y disidentes que hacer frente a la corrupción y el crimen organizado de manera efectiva. Con esta reforma, se manda un mensaje claro: cualquiera que se atreva a cuestionar al poder puede acabar en prisión, sin la oportunidad de defenderse.
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El problema no solo radica en la reforma, sino en el patrón de modificación de la Constitución a conveniencia del poder en turno. La Constitución, que debería ser la base de los derechos ciudadanos, ha sido transformada en una herramienta para sostener un régimen que no acepta disidencia. La ampliación de la prisión preventiva oficiosa representa una victoria para el autoritarismo y una derrota para la justicia y la libertad en México.
En un país donde la justicia es lenta, costosa y sesgada, la prisión preventiva oficiosa es una condena anticipada para quienes no tienen los recursos para defenderse. México necesita un sistema judicial que respete los derechos humanos, que valore la presunción de inocencia y que garantice que la prisión sea una medida de último recurso, no una primera opción para silenciar a los críticos y perpetuar un régimen autoritario.
Este gobierno ha optado por manipular las leyes en lugar de respetarlas, y ha utilizado la seguridad como pretexto para justificar sus abusos. Hoy, la prisión preventiva oficiosa es un reflejo de este proyecto autoritario, donde la justicia se convierte en una excusa para la represión, y la Constitución en un instrumento para consolidar el poder. Es responsabilidad de todos los ciudadanos exigir un sistema de justicia que proteja, no que castigue arbitrariamente.
