El día miércoles, por segunda vez, se pospuso la votación de los dictámenes que expiden la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La verdad es que ambas iniciativas presentadas desde la presidencia de la República son polémicas. Por un lado la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia subordina las funciones de inteligencia relacionadas con la materia de seguridad pública a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no deja claro cómo será la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales para la concentración de información ni para la utilización de la misma.
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que deroga la anterior del mismo nombre, incluye un artículo 12 conforme al cual se creará una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil. Este tipo de propuesta se ha planteado en diversas ocasiones, sin embargo, en cada una de ellas se ha considerado inconstitucional, toda vez que no parece adecuado que una autoridad tenga toda la información desde número telefónico, hasta datos biométricos de todas las personas propietarias de un teléfono celular porque no hay razón para que el gobierno deba conocer a ese nivel de detalle a todos los ciudadanos, y aunque lo fuera, la cantidad de ciberataques exitosos que ha sufrido el gobierno federal en el último año, hace que una concentración así de nuestra información sea un riesgo para todas y todos.
Adicionalmente, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personas en Posesión de Sujetos Obligados (que fue aprobada el martes) toda información relativa a datos personales en manos de las autoridades debe cumplir con el principio de finalidad, lo que significa que el gobierno debe de tener una razón válida para contar con los datos que tiene de las personas. Hasta la fecha no existe una razón que justifique ese nivel de invasión a la vida privada de las personas, con los riesgos que implica y las sospechas que levanta.
Es interesante que sea la segunda vez que la aprobación de ambas leyes haya sido pospuesta, sobre todo considerando que el problema principal que sufren las y los mexicanos es la falta de seguridad pública.
Podrían existir varias hipótesis para ello. Por un lado, podrían estar negociando cambios en las atribuciones a fin de desconcentrar un poco las facultades y el poder que detentaría la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Otra opción es que estén realizando ajustes técnicos y una tercera es que estén esperando el momento adecuado para aprobar una iniciativa de ese tamaño sin generar incertidumbre ni polémica por haber retomado temas que más de una vez han sido declarados inconstitucionales.
Sea como fuere, pareciera que está resultando problemático reestructurar institucionalmente las cuestiones relativas a la Seguridad Pública, lo que seguramente está dificultando el combate a la delincuencia y cada día que pasa cuesta más vidas, esto asumiendo que los cambios normativos de hecho permitan un mejor trabajo en esa materia.
Este es el cuarto sexenio en el que las y los ciudadanos se sienten inseguros, es tiempo de dejar de posponer las soluciones.
