Una constitución tiene dos funciones principales: primero garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, los límites inviolables para el poder frente a los gobernados y, segundo, establecer la estructura política y administrativa básica de organización del Estado.
Por eso, porque una acción así no entra en ninguna de estas dos categorías, resulta un despropósito jurídico de grandes dimensiones incluir en el texto constitucional la prohibición del uso de vaporizadores, vapeadores o cigarros electrónicos. Pretender que la inclusión de un tema, cualquiera, en el texto constitucional, modificará la realidad, es pecar tanto de ingenuidad como de ignorancia. Creer que las reformas constitucionales son la solución a los problemas nacionales, implica no comprender la función de una constitución y acaba por trivializarla, precisamente por atribuirle poderes mágicos que definitivamente ninguna norma tiene en ninguna parte del mundo.
Ni la seguridad, ni la economía, ni tampoco la calidad de la educación pública, mejoran porque se les incluya en el texto constitucional como obligaciones del Estado. Apostar a las reformas constitucionales como si se tratara de acciones de política pública, es jugar al ineficiente populismo legislativo que por décadas ha demostrado su falta de efectividad con el caso de los índices de criminalidad, que nunca han disminuido por el hecho de que se aumenten las penas privativas de la libertad.
Lo mismo exactamente se puede esperar del caso de los vaporizadores. Elevar su prohibición a rango constitucional es ridículo desde la perspectiva jurídica porque una constitución no es para imprimir en ella prohibiciones a los particulares. Pero más allá de lo legal, en lo que realmente importa en este caso, lo social, se trata de una medida ineficiente y, por lo tanto, irrelevante en términos del combate a una práctica que, dice sus impulsores, daña de forma grave la salud.
El vapeador podría ser más dañino que el tabaco, aunque la lógica y varios estudiosos indican otra cosa, pero prohibirlo desde la constitución no provocara que un solo joven deje de usarlo, justo como ocurre con todas las drogas ilegales. Ningún consumidor se aleja del cristal, las anfetaminas o la cocaína porque su comercialización y consumo estén prohibidos. Del mismo modo, nadie se alejará de un vapeador porque los diputados que, en cambio, avalan la comercialización y consumo de tabaco, lo volvieron un instrumento prohibido alegando razones de salud.
Lo que sí ocurrirá con la prohibición, será la consolidación de un mercado negro de vapeadores que ya estaba en ciernes y ahora se desarrollará en forma completa. Con ese mercado negro se registrará un aumento desproporcionado del precio de esos artefactos, que acabarán pagando las personas que quieran seguir haciendo uso de ellos. Además, la prohibición impedirá cuidar la calidad de los productos, asunto delicado en este caso justo porque se trata de artefactos a los que se les atribuye la posibilidad de dañar la salud de los consumidores. Adicional a esto, al convertirse en un producto de mercado negro, su comercialización fuera de la ley anulará el pago de impuestos por su venta, lo que representará una pérdida para el erario.
Otro elemento curioso en la decisión de los legisladores es dejar intocada la legalidad del consumo del tabaco mientras se prohíbe el uso de los vaporizadores o cigarros electrónicos, cuando ambos productos se consideran nocivos para la salud.
Cualquiera que sea un poco mal pensado podría considerar que detrás de esta iniciativa de reforma, poco reflexionada y que llegó al extremo de trivializar el texto de la constitución, está el cabildeo de la poderosa industria tabacalera, que sí se vería afectada, de forma profunda, si el uso de vapeadores se generaliza.
