En un acto que podría describirse como un golpe de estado legislativo, el partido Morena ha trazado una línea peligrosa en la arena política de México. La reciente aprobación de reformas judiciales y de supremacía constitucional no es solo un movimiento estratégico; es un asalto frontal a los cimientos mismos de nuestra democracia. Con la arrogancia de quienes se sienten invulnerables, han decidido otorgarse poderes sin límites, despojando a las instituciones de sus funciones esenciales y dejando a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad alarmante.
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La concentración del poder: un juego peligroso
“Por encima de nosotros, nadie; por abajo, todos.” Esta frase resuena con eco ominoso en los pasillos del poder. Con una mayoría calificada obtenida bajo sospechas de sobrerrepresentación y corrupción, Morena ha decidido que las reformas constitucionales son intocables. Este acto no solo es un desprecio a la legalidad, sino que también revela una profunda inseguridad: saben que sus decisiones son susceptibles de ser cuestionadas y temen el escrutinio. Al blindar sus reformas contra cualquier forma de revisión judicial (ya sea por amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional), están construyendo un castillo de naipes que podría desmoronarse ante la más leve brisa de oposición.
La urgencia del atropello: un procedimiento desaseado
La rapidez con la que se han impulsado estas reformas es reveladora. En lugar de abrir un espacio para el debate democrático, el proceso se ha llevado a cabo en la penumbra, con un quórum cuestionable y en un ambiente donde las voces disidentes fueron silenciadas. Este atropello no solo conculca los derechos de las minorías; es una burla a la esencia misma del diálogo democrático. La falta de transparencia y deliberación adecuada deja un sabor amargo en la boca de quienes creen en el poder del debate como motor del progreso social.
Derechos Humanos: un retroceso inaceptable
Las reformas propuestas no son meras cuestiones técnicas; son un ataque directo a los derechos humanos fundamentales. Al eliminar la posibilidad de impugnación judicial, se abre la puerta a abusos sistemáticos y arbitrariedades. Juzgadores profesionales, capacitados e independientes son ahora una ilusión lejana en un paisaje donde el respeto por los derechos humanos se ve comprometido. La justicia, ese faro que debe guiar a nuestra sociedad, se encuentra amenazada por una sombra que avanza sin control.
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Este ejercicio de poder unilateral por parte del bloque mayoritario se puede calificar como una tiranía de la mayoría; sin embargo, este término es engañoso. El Legislativo se encuentra bajo el dominio del Ejecutivo, que también busca controlar al Judicial. La verdadera opresión es aquella que se disfraza de representación popular. Persiguen un control absoluto, concentrando el poder en manos selectas y dispuestos a modificar las reglas del juego para perpetuarse en el poder a través de elecciones manipuladas y desiguales. La realidad es innegable y no podemos seguir ignorándola.
Reflexión final: la llamada a la resistencia
El camino que ha tomado Morena no es solo una cuestión política; es una cuestión moral. La historia nos enseña que los regímenes autoritarios comienzan con pequeños pasos que parecen inofensivos pero que rápidamente se convierten en zancadas hacia la opresión. Es imperativo que la sociedad civil despierte y se movilice ante este asalto a nuestra democracia. La lucha por los derechos y las libertades no es solo responsabilidad de unos pocos; es un deber colectivo.
En este momento crucial, México enfrenta una encrucijada: ¿seremos cómplices del silencio o levantaremos nuestras voces contra el atropello constitucional? La respuesta determinará el futuro de nuestra nación y el legado que dejaremos a las generaciones venideras.
