Hasta la crisis política de 2009, Honduras era un país marcado por el bipartidismo: el Partido Liberal y el Partido Nacional dominaban la escena. Sin embargo, la irrupción del ingeniero Salvador Nasralla con el Partido Anticorrupción (PAC) y el giro ideológico de Manuel Zelaya, quien rompió con el liberalismo para fundar el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), alteraron ese equilibrio. Desde entonces, el país vive en un multipartidismo de facto, sin que el sistema electoral haya sido reformado para adaptarse a esta nueva realidad.
Desde las elecciones de 2013, expertos nacionales e internacionales han sugerido reformas profundas al sistema electoral hondureño. Una de las más urgentes es la implementación de una segunda vuelta electoral. En un escenario de fragmentación política, los presidentes electos difícilmente alcanzan una mayoría clara: en 2017, Juan Orlando Hernández ganó con apenas el 42.95 % de los votos, y en 2021, Xiomara Castro obtuvo un 51.12 %, un margen que no garantiza por sí solo la legitimidad democrática plena.
En este contexto, las elecciones internas y primarias de los partidos mayoritarios cobran mayor relevancia. Son procesos abiertos en los que cualquier ciudadano puede votar, sin necesidad de estar inscrito o tener militancia activa. Esto convierte las primarias en un termómetro del “voto duro” de cada partido y en un espacio para medir alianzas posibles de cara a las generales. Sin segunda vuelta ni encuestas confiables, el voto útil y el voto de castigo se vuelven aún más determinantes.
Las primarias celebradas el pasado 9 de marzo fueron una muestra clara de lo que no debe repetirse. Las maletas electorales, que debieron estar listas la noche anterior, llegaron con hasta 14 horas de retraso en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Algunas urnas llegaron recién a las 9:00 p.m. del domingo, obligando a muchos ciudadanos a ejercer su voto hasta la madrugada del lunes. Solo el civismo hondureño permitió que, a pesar del caos, se llevara a cabo la jornada.
Este episodio ha generado una comprensible desconfianza en la ciudadanía. El problema es grave: o se trató de una ineptitud logística inadmisible o de un boicot deliberado. En ambos casos, se compromete la integridad del proceso electoral de noviembre.
La Constitución hondureña es clara: las Fuerzas Armadas deben garantizar el transporte seguro y puntual del material electoral, actuando bajo subordinación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la situación se vuelve delicada cuando la actual precandidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, es también ministra de Defensa, y por ende, jefa directa del alto mando militar. Aunque legal, esta dualidad plantea un evidente conflicto de interés.
No sorprende que las Fuerzas Armadas hayan intentado eludir responsabilidades, señalando al CNE y a su presidenta, representante de la oposición. Por ello, es indispensable una investigación exhaustiva del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas, para determinar si hubo errores administrativos o delitos electorales.
De cara a las elecciones generales, es vital que las instituciones cumplan su rol constitucional. El Estado debe asignar de inmediato los recursos necesarios al CNE, cuyos consejeros deben superar sus diferencias para cumplir el cronograma electoral. Las Fuerzas Armadas deben actuar con eficiencia y legalidad, los custodios deben recibir capacitación de calidad y los representantes de mesa deben respetar la voluntad ciudadana.
La ciudadanía, por su parte, debe mantenerse activa: observando, denunciando y, sobre todo, participando. Las elecciones no son sinónimo de democracia, pero sin elecciones limpias, transparentes y creíbles, no hay democracia posible.
Honduras aún está a tiempo de corregir el rumbo. Que noviembre no sea una parodia trágica, sino una verdadera fiesta democrática.
