El Paquete Económico para 2025 presentado por el gobierno de México enfatiza las prioridades sociales y de infraestructura. Con un enfoque hacia el bienestar de los sectores más vulnerables, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a políticas sociales clave, al tiempo que seguirá orientando recursos hacia megaproyectos como el Tren Maya y la modernización de la infraestructura en diversas regiones del país. Este enfoque, sin embargo, debe ser evaluado en el contexto de un entorno económico internacional complicado que podría poner a prueba la capacidad de México para sostener su crecimiento y bienestar.
Para 2025, los proyectos sociales y de infraestructura continúan siendo la piedra angular del gobierno, con asignaciones significativas a programas como la pensión para adultos mayores y los subsidios a la vivienda, con lo que se busca continuar con la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en regiones históricamente marginadas.
Sin embargo, es importante contemplar que la economía mundial atraviesa un periodo de incertidumbre, con tasas de interés más altas en economías clave como Estados Unidos, y la desaceleración del crecimiento en China. Esto podría afectar las expectativas de crecimiento de la economía mexicana, que se proyecta entre un 2% y 3% para 2025, un rango optimista comparado con las expectativas de organismos como el FMI, cuyos pronósticos son mucho más moderados para la economía global.
En cuanto a los megaproyectos de infraestructura, como el Tren Maya, ha generado cuestionamientos sobre su eficiencia, especialmente cuando la sostenibilidad económica y ambiental no siempre se garantiza.
Mientras tanto, sectores como la salud y la educación, que también requieren de una inversión sustancial para enfrentar la demanda creciente de una población que envejece y se urbaniza rápidamente, han sufrido recortes significativos. La asignación de solo el 3.48% del gasto a la protección del medio ambiente, por ejemplo, podría resultar insuficiente para hacer frente a los retos que implican el cambio climático y la escasez de recursos naturales.
Además, el entorno económico internacional plantea un desafío adicional. Con la inflación global disminuyendo, y las tasas de interés más altas en países como Estados Unidos, México podría enfrentar una menor inversión extranjera directa, lo cual es crucial para su desarrollo económico, especialmente en sectores como la manufactura y la infraestructura.
La falta de una reforma fiscal progresiva, que implique un aumento real en la recaudación de impuestos a los grandes corporativos y a los sectores de mayores ingresos, podría representar un freno importante para las políticas sociales que se proponen. La austeridad fiscal, en este sentido, puede generar desajustes entre las promesas de bienestar social y la capacidad del gobierno para cumplirlas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá encontrar un equilibrio complicado entre sus prioridades de infraestructura y bienestar social y los desafíos impuestos por el entorno económico global. Si bien los programas sociales y los megaproyectos pueden ofrecer un impulso a corto plazo, el verdadero desafío será garantizar que los recursos destinados a salud, educación y protección social no se vean comprometidos por la austeridad fiscal ni por la incapacidad de aumentar la recaudación tributaria.
Si no se toman medidas concretas para reestructurar la base fiscal y diversificar las fuentes de ingreso, el riesgo es que el gobierno se vea atrapado entre sus ambiciosos compromisos y las dificultades de un entorno económico global cada vez más incierto.
