El Operativo Atarraya busca poner orden fuera de la ley. Ha sido una de las acciones más significativas en el Estado de México para combatir el narcomenudeo y los delitos asociados con la venta y distribución de drogas. A través de él, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ataca un fenómeno de criminalidad que afecta gravemente a la sociedad: las barberías que se han convertido en centros de venta y distribución de sustancias ilícitas.
¿Todas? Sería injusto afirmarlo. El hecho de que una parte de la población afectada sea dueña de negocios legítimos, con permisos en regla y sin vínculo alguno con el crimen organizado, levanta cuestionamientos sobre el enfoque y las tácticas empleadas durante la intervención. Denuncias y videos que circulan en redes sociales muestran presuntos actos de “siembra” de droga en algunos locales, lo que ha generado una grave crisis de confianza en los agentes que realizaron las inspecciones. A pesar de las denuncias, es importante destacar que la Fiscalía del Estado ha actuado rápidamente al separar de sus funciones a los agentes implicados y ha prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, con el fin de mantener la transparencia y la integridad del proceso.
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A lo largo de las últimas semanas, los afectados, en su mayoría empresarios y trabajadores de las barberías, han expresado su descontento por los cierres forzosos de sus negocios y por las acusaciones que afectan directamente su reputación. Muchos de ellos aseguran que sus establecimientos estaban operando de manera legal y que las acciones de los operativos no sólo les han causado pérdidas económicas, sino también un daño psicológico y social significativo. El cierre de las barberías ha dejado a muchas personas sin empleo, afectando la estabilidad de familias enteras. En un caso particular, se ha señalado que un agente de la FGJEM habría dejado caer un paquete con presunta droga en una barbería, lo que suscitó la indignación de los propietarios.
No obstante, resulta esencial ofrecer a la Fiscalía el beneficio de la duda. Si bien las acusaciones son graves y merecen ser investigadas a fondo, no se puede pasar por alto la importancia de los operativos para combatir el crimen. Es crucial que el Estado actúe contra los focos de delincuencia, pero también es fundamental que lo haga dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Las acciones de la Fiscalía deben ser precisas y transparentes, con el fin de evitar que situaciones como la denuncia de “siembra” de drogas se conviertan en un patrón. ¿Quién lo hace? ¿Con qué fin? ¿Por qué lo hace?
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La transparencia es clave en estos momentos. La Fiscalía debe garantizar que cualquier irregularidad sea esclarecida y que los responsables de conductas indebidas reciban las sanciones correspondientes. Asimismo, se deben tomar medidas para mejorar la comunicación con los afectados, quienes tienen derecho a entender las razones detrás de la intervención y a recibir respuestas claras sobre cómo podrán recuperar sus bienes si no están involucrados en actividades ilícitas.
El Operativo Atarraya ha desatado un debate legítimo sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen y el respeto por los derechos de los ciudadanos. La Fiscalía tiene la oportunidad de demostrar que está comprometida con la justicia, no sólo combatiendo al crimen organizado, sino también actuando con ética y respeto hacia los inocentes.
Las barberías, como cualquier otro servicio, no tienen por qué desaparecer si no se demuestra que están involucradas en actividades ilegales. Si existe un delito, que se investigue y compruebe, tan sencillo como decidir si rasurarse o dejarse la barba.
