En un país donde el precio de la gasolina afecta desde los bolsillos de las familias hasta la estabilidad macroeconómica, el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se convierte en el epicentro del debate energético.
La gasolina en México no sólo refleja los vaivenes del mercado internacional, sino también las decisiones fiscales que transforman un insumo básico en una herramienta de recaudación con profundas implicaciones sociales y económicas.
El 2025 nos recibe con un aumento de 4.5% de este impuesto federal, que se ajusta cada año por la inflación y que provoca el alza de los precios de las gasolinas, lo que genera tensión en un sistema energético dependiente y vulnerable, además de inquietud en millones de hogares mexicanos.
TE PUEDE INTERESAR: La guerra que nadie quería: Ucrania y el futuro de la geopolítica global
Los precios quedan así: el de la gasolina menor a 91 octanos (Magna) aumentó en 6.45 pesos, el de la gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium) se incrementó a 5.45 pesos y el del diésel subió a 7 pesos por litro.
Y todo se lo debemos al IEPS, el impuesto indirecto que grava productos específicos: bebidas alcohólicas, tabacos, refrescos, alimentos chatarra y algunos otros considerados nocivos para la salud o el medio ambiente.
En el caso de la gasolina, representa una fuente de ingresos crucial para el gobierno federal.
De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en promedio, su aplicación sobre combustibles genera más de 300 mil millones de pesos al año, lo que significa un porcentaje sobresaliente en el presupuesto nacional.
Sin embargo, tiene un costo: cualquier ajuste que se le aplique a este impuesto afecta directamente el precio final que paga el consumidor.
TE PUEDE INTERESAR: La hipocresía del poder
En años recientes, para mitigar el impacto de los aumentos internacionales del crudo, el gobierno mexicano aplicó subsidios temporales, reduciéndolo o eliminándolo parcialmente. El costo fiscal alcanzo casi 400 mil millones de pesos en 2022 y 2023.
Para 2025, la situación podría ser distinta. Ante restricciones presupuestarias y un entorno económico complejo, el gobierno podría reducir gradualmente estos subsidios, reactivando el cobro pleno del IEPS. Esto significaría que el precio al consumidor ya no estaría amortiguado, dejando expuesto el costo real del combustible en un contexto de precios internacionales en aumento.
También hay que considerar que el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no opera en un vacío. Su efecto se eleva por una combinación de factores globales y locales: por un lado, el incremento en el precio del barril de petróleo Brent (referencia clave para los precios del crudo), que cerró 2024 por encima de los 90 dólares, impulsado por una oferta restringida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una creciente demanda global. México, al importar cerca del 70% de sus combustibles, absorbe estas alzas internacionales en los costos locales.
También la depreciación del peso frente al dólar agrava el problema. Al pasar de 17 a 20 pesos por dólar en 2024, el costo de las importaciones de gasolina aumenta proporcionalmente, encareciendo el precio final al consumidor.
Y, por otra parte, la Inflación interna: el aumento de la gasolina repercute en toda la economía, incrementando los costos de transporte, bienes y servicios, lo que a su vez alimenta la inflación generalizada.
TE PUEDE INTERESAR: México y el nearshoring
El IEPS no solo es un mecanismo de recaudación; También es un detonante social. Cada vez que el precio de la gasolina aumenta, el poder adquisitivo de las familias mexicanas disminuye, especialmente entre los sectores más vulnerables.
El transporte público y privado, esencial para la movilidad de millones de personas, se encarecen.
Aunque el gobierno federal ha descartado un “gasolinazo”, el temor permanece en el recuerdo colectivo. En 2017 se registró un alza abrupta en el precio de las gasolinas, lo que provocó protestas masivas y un desgaste político significativo para la administración de Enrique Peña Nieto.
El reto ahora serán los estímulos fiscales que se implementen para mantener la estabilidad de los precios de los combustibles en el mercado interno.
Mientras tanto, la aplicación del IEPS seguirá representando el epicentro de una controversia que refleja mucho más que números en la bomba de las gasolineras.
