En el corazón de Centroamérica, todo un país observa cómo se desmoronan las últimas bases de su democracia. Nicaragua, liderada por Daniel Ortega, se ha convertido en el laboratorio perfecto para el autoritarismo moderno: un modelo que mezcla represión, narrativa populista y la concentración total del poder.
La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional no es más que otro clavo en el ataúd de una democracia que alguna vez tuvo esperanza.
Con la aprobación unánime de una Asamblea controlada por el oficialismo, Nicaragua dio un paso más hacia la centralización total del poder en el Ejecutivo. La reforma constitucional amplía el período de las autoridades electas de cinco a seis años, un movimiento que, más que garantizar estabilidad, solidifica la perpetuidad del mandato de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo.
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Más alarmante aún es la creación de un “copresidente y una copresidenta” al frente del Ejecutivo, con poder absoluto sobre el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Ambos gozarán de inmunidad, blindándose contra cualquier tipo de rendición de cuentas. Además, la Presidencia será la única instancia autorizada para proponer candidatos a la Corte Suprema de Justicia, nombrar vicepresidentes y vetar proyectos de ley.
Con estos cambios, “el duo dinástico” ha logrado desdibujar los límites entre los poderes del Estado, consolidando una estructura autoritaria que pocos en el país se atreven ya a cuestionar.
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Daniel Ortega, quien regresó al poder en 2007 tras un primer mandato revolucionario en los años 80, ha demostrado una habilidad sin igual para reinventarse como el caudillo absoluto. Pero su gobierno no sería lo que es hoy sin la figura de su mujer.
Desde su llegada a la vicepresidencia en 2017, Rosario Murillo ha desempeñado un papel crucial en la consolidación del poder. Su control sobre la propaganda estatal y las redes de apoyo social ha creado un culto a la personalidad que complementa perfectamente la figura de Ortega.
Ella no es una simple figura decorativa. Su influencia se extiende desde los discursos diarios cargados de espiritualidad y retórica hasta la operación de máquinas represivas que han sofocado cualquier forma de oposición. Este “gobierno de dos” ha sido comparado con dinastías autoritarias como la de los Somoza, quienes gobernaron Nicaragua con mano de hierro durante el siglo XX. Sin embargo, lo que realmente es perturbador es su habilidad para camuflar la represión con un discurso de “unidad nacional” y “democracia directa”.
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La reciente reforma constitucional no pasó desapercibida para la comunidad internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la calificó como una violación flagrante de las obligaciones internacionales de Nicaragua, instando al país a garantizar la separación de poderes y el pluralismo político.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra altos funcionarios del régimen, incluida la vicepresidenta, han tenido un impacto limitado. Lejos de debilitar al gobierno, estas medidas han reforzado sus lazos con países como Rusia, China e Irán, quienes se presentan como aliados en la lucha contra el “imperialismo occidental”.
Mientras tanto, el pueblo nicaragüense paga el precio de esta concentración de poder. Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), miles de nicaragüenses han huido del país en busca de refugio.
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Este éxodo masivo es un recordatorio doloroso de cómo un gobierno autoritario puede destruir no solo las instituciones democráticas, sino también el tejido social de una nación.
A pesar del panorama sombrío, la historia nos enseña que ningún régimen autoritario es eterno. Nicaragua se encuentra en una encrucijada histórica. El modelo Ortega-Murillo, aunque resistente, también muestra grietas. La fragmentación de la oposición y el miedo generalizado complican cualquier posibilidad de cambio inmediato, pero el descontento social y la presión internacional podrían eventualmente abrir una brecha.
Como dice un proverbio popular, “ningún reino dura para siempre”. La pregunta no es si el régimen de Ortega podría relevarse, sino cuándo y a qué costo.
Nicaragua seguirá siendo un espejo en el que el resto de la región debe mirarse para evitar que el autoritarismo se arraigue en otras latitudes.
