La justicia y la paz en México enfrentan un nuevo riesgo: que algunos aspirantes a cargos judiciales estén involucrados con el crimen organizado. En los últimos meses, se han señalado con nombre y apellido a candidatos al Poder Judicial de la Federación (PJF) que tienen presuntos nexos con cárteles del narcotráfico o están señalados por abuso sexual. Este fenómeno no solo pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial, sino que también refleja la grave crisis que atraviesa el país en términos de corrupción y violencia.
El trabajo de la Asociación Defensorxs AC, encabezado por Miguel Alfonso Meza, ha sido fundamental para exponer las conexiones entre algunos aspirantes a jueces y el crimen organizado. Según su investigación, al menos cinco de estos candidatos están directamente relacionados con el narcotráfico, un hecho que, de confirmarse, sería un golpe directo al corazón del sistema judicial mexicano. Este tipo de vínculos no solo socavan la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, sino que también envían un mensaje de impunidad y debilidad ante los criminales.
El informe de Defensorxs destaca cómo la infiltración del crimen organizado en el ámbito judicial representa un riesgo aún mayor, pues un juez comprometido con el narcotráfico podría liberar a delincuentes de alto perfil, manipular pruebas o tomar decisiones que favorezcan a las organizaciones criminales. Lo que es aún más grave es que estos jueces no solo protegen a los narcotraficantes, sino que también contribuyen a la violencia de género y otros delitos graves, como se ha señalado en varios casos documentados.
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La corrupción de los jueces, al igual que la de otros funcionarios públicos, perpetúa un ciclo de violencia, impunidad y desconfianza en las instituciones.
Estos son los nombres de quienes han sido avalados a pesar de su mala reputación y antecedentes:
Fernando Escamilla Villarreal. Sentenciado por portación ilegal de armas y abogado del Z-40 y el Chelelo, que están siendo procesados en Estados Unidos.
Andrés Montoya. Sospechoso por la desaparición de un periodista en 2005.
Jesús Humberto Padilla Briones. Detenido con 15 bolsas de cristal y un arma en 2023.
Francisco Martín Hernández Zaragoza. Destituido por abuso sexual en 2015, resolución que fue confirmada por la Suprema Corte.
Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Denunciado por una alumna de la UNAM por abuso sexual y por colectivos feministas por revictimizar en sus sentencias a mujeres víctimas de violación.
Jacqueline Silva Betancourt. Suspendida por el Consejo de la Judicatura por abusos laborales e incluso por privar de la libertad a uno de sus empleados.
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Ante esta nueva amenaza, la ciudadanía se encuentra frente a una paradoja peligrosa: mientras luchan por un sistema de justicia que garantice la equidad y el respeto a los derechos humanos, los mexicanos se ven amenazados por quienes deberían ser los encargados de impartir justicia de manera objetiva y transparente.
El panorama es desolador, porque en lugar de observar una depuración de los aspirantes a cargos judiciales, los mecanismos de selección siguen siendo vulnerables a la presión del crimen organizado. Este proceso de elección judicial, lejos de fortalecer las instituciones, parece estar cada vez más permeado por intereses oscuros.
Pero, ¿qué hacer ante esta amenaza cuando ya pasaron los tiempos de selección y revisión?
Es necesario que la sociedad civil se mantenga alerta y salga a votar para no elegir a quien no debe estar en el cargo. Las investigaciones de la Asociación Defensorxs AC nos abren los ojos sobre una realidad que no podemos ignorar. La lucha por un país más justo dependerá de la integridad de sus jueces. Todavía estamos a tiempo.
