Ahora que el presidente electo de Estados Unidos amaga con cerrar las fronteras de su país con sus vecinos México y Canadá, miles de migrantes de América Latina y el Caribe podrían ver frenadas sus aspiraciones de hallar refugio ante las olas de violencia crónica en sus países, las cuales han sido el principal detonante de sus viajes hacia el norte. Donald Trump ha recrudecido su retórica antiinmigrante y ha afirmado que, durante su segunda gestión, emprenderá la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos.
Aunque gran parte de lo que ha expresado este año es una extensión de lo dicho en sus dos primeras campañas presidenciales (la que ganó en 2016 ante Hillary Clinton y la que perdió en 2020 frente a Joe Biden), lo cierto es que ahora cuenta con un mayor respaldo de personas, instituciones y gobiernos locales y estatales, como se analizó en este espacio la semana pasada. La sola mención de cerrar las fronteras, tanto al sur como al norte, genera angustia y temor entre miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos, no sólo para escapar de la pobreza en sus países de origen, sino también de la violencia que azota gran parte del continente.
Según un estudio de la Universidad de Michigan, casi la mitad de los migrantes que llegan a Estados Unidos desde América Latina y el Caribe han sido víctimas de violencia con armas de fuego o han recibido amenazas de este tipo en sus lugares de origen. Los responsables del estudio, publicado recientemente en el Journal Injury Prevention, señalan que el 48% de las personas entrevistadas en diversos puntos de la frontera entre Estados Unidos y México reportaron haber sufrido violencia con armas de fuego, mientras que más de un tercio (34%) mostró señales de estrés postraumático.
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Entre las causas de violencia armada, 66% mencionó asaltos, 45% extorsiones y secuestros, mientras que el 14% se relacionó con represión política o amenazas por parte de policías, y un porcentaje similar incluyó amenazas para no reportar crímenes. La mayoría de los encuestados provenía de Honduras, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y El Salvador (80.7%), mientras que el resto eran originarios de Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Haití, México, Perú y Panamá. Asimismo, la gran mayoría (71.2%) indicó que los actos de violencia ocurrieron en su lugar de origen, un 15.7% señaló que sucedieron durante el viaje a la frontera y el 13.1% en ambos contextos.
Una de las conclusiones de los autores del estudio es que la migración hacia Estados Unidos desde América Latina está cada vez más influenciada por la violencia armada. La proliferación de armas de fuego en la región ha intensificado la inseguridad y el desplazamiento forzado de miles de personas. Además, el estudio destaca que la mayoría de las armas utilizadas en estos actos violentos tienen su origen comercial en Estados Unidos.
Con el posible retorno de Trump a la presidencia, sus políticas restrictivas de migración plantean un futuro incierto para miles de personas que buscan escapar de situaciones extremas de violencia. La falta de opciones seguras y legales para migrar podría empujar a más personas hacia rutas peligrosas y potencialmente mortales.
Un tranvía llamado incumplimiento
En el tema de viajes y agresiones, podemos coincidir en que no pagar deudas también es una forma de violencia. Al menos así lo sienten los proveedores que enfrentan impagos por parte de ICA, dirigida por Guadalupe Phillips Margain.
En el sector de la construcción se comenta que empresas como ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, KypCon Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos y Marco Antonio Valdez Gutiérrez enfrentan adeudos que superan los 112 millones de pesos. Estos proveedores participaron con ICA en los trabajos del Tramo 4 del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más polémicos del sexenio anterior.
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Las filiales de ICA implicadas en los adeudos incluyen a Constructora MT de Oaxaca, Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Holding Prefabricados y Península Maquinaria y Equipo Pesado.
Esta situación ocurre a pesar de que ICA no sólo recibió enormes contratos durante las gestiones de la 4T, sino que también ha cobrado pagos puntuales por parte del gobierno, un compromiso que, al parecer, no extiende a sus proveedores en proyectos de gran envergadura.
