Como lo informaron los medios, al tomar posesión de su segundo mandato el presidente Donald Trump, en un contexto de arrogancia y prepotencia, firmó una serie de decretos para “hacer nuevamente grande a su país”, en un nuevo Destino Manifiesto, de los cuales varios inciden dramáticamente en la relación bilateral con México, especialmente en materia de comercio bilateral, migración y narcotráfico, particularmente de fentanilo.
No cabe duda que el presidente estadounidense es un sagaz negociador, inescrupuloso e impredecible, que utiliza el poder para alcanzar sus objetivos y amedrentar. Incluso, antes de asumir la presidencia ya había expuesto directas amenazas hacia México con aplicar un impuesto del 25% a sus exportaciones, como castigo, sí castigo, no se le puede llamar de otra manera, por no contener las migraciones y el trasiego de drogas. En ese sentido, la presidente Claudia Sheinbaum, hizo alarde de haber alcanzado un acuerdo con su contraparte estadounidense (lunes 3), a efecto de pausar la pretensión arancelaria estadounidense por un mes, a cambio de reforzar la frontera con diez mil elementos de la Guardia Nacional, para impedir este tráfico de drogas y migratorio. El presidente Trump se comprometió a contrarrestar el contrabando de armas estadounidenses de alto poder hacia México, destinadas al crimen organizado mexicano.
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Es obvio que esta no fue una negociación bilateral, en un juego asimétrico, sino una imposición de solo una parte, la estadounidense, donde en una primera partida logró que México comience a blindar la frontera, como ya había sucedido en la primera etapa presidencial de Trump, durante el sexenio del entonces presidente Manuel López Obrador. En una llamada que habría sostenido el canciller mexicano con el nuevo secretario de Estado estadounidense, éste habría agradecido el envío de los 10 mil elementos de la Guardia de Seguridad, por supuesto, no faltaba más.
La Guardia Nacional fue desplazada de varias regiones de la República, donde el crimen organizado avasalla a las poblaciones, después de un sexenio obradorista, ese de los “abrazos y no balazos”, inactivo y, según varios especialistas, en contubernio con los criminales, principalmente de Sinaloa.
Por lo pronto, en su estilo frenético el presidente estadounidense el domingo anterior anunció aranceles del 25% para el acero y el aluminio de todos los países, para proteger a su industria nacional, lo que afectaría a México y abre además incertidumbre sobre la próxima negociación del tratado comercial entre ambos países (T-MEC). Habrá que esperar las reacciones internas e internacionales sobre el tema.
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También parecería que el presidente Trump no tendría interés por el tema propuesto por la presidente mexicana, por ser ferviente defensor de la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite la posesión de armas a los civiles, y de la controvertida Asociación Nacional del Rifle (NRA); la NRA es un importante grupo de presión en Washington, contribuyente, junto con fabricantes, de la campaña presidencial de Trump; también habría que reforzar el control fronterizo mexicano para el trasiego de armas. El tema no es nuevo y ha sido debatido en grupos de trabajo bilaterales y en demandas judiciales mexicanas en curso.
Al parecer la cooperación con Estados Unidos de la que habla la presidente mexicana, ha comenzado a ser dictada por una sola parte. Habría que esperar la fecha crucial del 4 de marzo para conocer los reales alcances arancelarios estadounidenses. En este entorno, es necesario reconstruir la diplomacia mexicana, erosionada en el sexenio pasado, y dar cabida a los cabildeos diplomáticos y políticos necesarios en la la relación con Estados Unidos, en torno a una diplomacia profesional, con funcionarios de carrera, lejos de la improvisación, de obsesivas ideologías y de falaces nacionalismos; así como abandonar la diplomacia vigente desde un atril público y mediático, en un mundo plural y de amplia diversidad.
