México, dicen en Estados Unidos, inició temprana y unilateralmente la revisión del Acuerdo Comercial de América del Norte, ACME por sus siglas en inglés, TMEC por su acrónimo en español. Ello indica el peso de nuestro país en los intereses estadounidenses, muchos de ellos relevantes en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, cuando estarán en juego la titularidad de la Casa Blanca, pero también un tercio del Senado y la totalidad de la Casa de Representantes. Es decir, la política pronto podría cambiar de rumbo en el vecino país del norte, pero no así la atención puesta en los asuntos que definen nuestra agenda bilateral: comercio, migración y seguridad, pero también la intensidad de la cooperación y el respeto a los inversionistas en energía, transporte e industria manufacturera, ahora en proceso de relocalización global.
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Los dos contendientes parecen no tener buenas referencias sobre México. En el caso de Kamala Harris, ella debió recordar que en California se opuso al TMEC y lo votó en contra, porque al abrir el comercio manufacturero disminuía el peso de la industria y el empleo locales. Trump, por su parte, es conocido por sus posturas proteccionistas y su desprecio hacia la exportación de empleos, que es como percibe la búsqueda de competitividad industrial. Su postura es simple: gravará con aranceles hasta de 200% a los autos y vehículos que pretendan ser integrados sin serlo, sobre todo los de origen chino, pero también impondrá aranceles si rehusamos cooperar en la contención de la migración, el tráfico ilegal de drogas y la protección o cierre de la frontera sur.
En el terreno local, con tantos cargos legislativos en juego, los asuntos inherentes a la migración ilegal, las afectaciones por relocalización de empresas fuera de los diferentes distritos electorales y la impactante pandemia del fentanilo, que cuesta alrededor de 100 mil vidas de jóvenes de sectores medios y altos, elevan el nivel de histeria electoral en contra de nuestro país, por lo cual es común escuchar propuestas de intervención militar, uso de drones contra los cárteles, cierre de la frontera o deportación masiva de ilegales, además de radicalizar las penas y castigos para quienes empleen indocumentados.
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EDe ahí que, sea cual fuere el resultado de las elecciones en Estados Unidos, las perspectivas para nuestro país son restrictivas. La revisión del principal acuerdo comercial que tenemos, el acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, habrá de ser ríspido y desagradable. Cosa de recordar en las negociaciones anteriores, al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando las “píldoras tóxicas” interpuestas por Donald Trump obligaron a hacer concesiones onerosas, como por ejemplo, aceptar un porcentaje de integración automotriz del 75%, topes a la exportación/importación de automóviles y camiones, las regulaciones medioambientales restrictivas, la solución de controversias en tribunales estadounidenses, que finalmente pudo dejarse en el establecimiento de paneles internacionales, así como el establecimiento de una “cláusula sunset” o guillotina para obligar a revisar el acuerdo cada cinco años o éste deja de tener vigencia automáticamente.
A cambio de superar estos obstáculos, México tuvo que aceptar el desplazar hacia la contención de migrantes en la frontera norte a casi 30 mil efectivos de la Guardia Nacional, así como constituirse en “tercer país seguro” para los migrantes sin aportar recurso alguno para sufragar los gastos de la estancia en este lado, así como adquirir cantidades crecientes de maíz, frijol y cárnicos en beneficio de los agricultores estadunidenses, fieles apoyadores de Trump. Ahora, tanto Kamala como Trump anticipan que repetirán la historia y apretarán como nunca por sus intereses, que pudieran incluir la jurisdicción estadounidense en la resolución de controversias dada la desconfianza en nuestro Poder Judicial.
