Aunque los buenos seamos más, la delincuencia parece estar ganando la batalla. El pasado 20 de octubre, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, de origen tsotsil, nos recuerda la fragilidad de la paz en Chiapas. Oficiar una misa se ha convertido en un acto de valentía en un país donde la violencia y la impunidad han tejido una narrativa oscura. Este crimen no es un caso aislado; es una manifestación trágica de un problema más amplio que afecta a diversos sectores de la sociedad mexicana.
Marcelo Pérez, que dedicó su vida a servir a su comunidad y abogar por los derechos de los más vulnerables, fue abatido tras una ceremonia religiosa. Este asesinato no solo arranca la vida de un hombre, sino que también silencia una voz que luchaba contra las injusticias que sufren los pueblos indígenas. La violencia que lo cegó no es solo un ataque a un individuo; es un asalto a la dignidad de una comunidad entera, un recordatorio de que la paz es una construcción frágil en un entorno marcado por la corrupción y la falta de justicia.
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Por otro lado, el atentado contra Diana Sánchez Barrios, diputada local suplente y lideresa de comerciantes informales en la capital de México, añade otro capítulo a la crónica de una guerra sumergida por el control de los espacios de venta. Este hecho revela una lucha encarnizada por el poder y los recursos económicos que estos espacios representan. Las autoridades locales han respondido con la promesa de incrementar la presencia policial en la zona, una medida que, si bien es necesaria, rara vez resuelve las raíces del problema.
La simple adición de más agentes en las calles no ha solucionado la constante violencia y extorsión que ha permeado en el comercio informal. Los comerciantes, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad, se encuentran atrapados entre las balas de los grupos criminales y la inacción de un gobierno que, en lugar de fortalecer el tejido social, opta por medidas reactivas que pocas veces ofrecen resultados permanentes.
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Finalmente, el asesinato de la abogada Oralia Pérez Garduño, ejecutado en apenas tres segundos, subraya la brutalidad de la violencia en el país. Este ataque, realizado con una rapidez escalofriante, revela un modus operandi que no solo busca eliminar a la persona, sino también infundir miedo en aquellos que se atreven a alzar la voz en defensa de la justicia. Pérez Garduño, como muchos otros, se convirtió en blanco de un sistema que se alimenta de la impunidad.
Estos casos, como todos los que se viven a diario en el país, no pueden ni deben seguirse sumando a las estadísticas que no resuelven el problema y solo documentan el doloroso fracaso de un Estado que debería garantizar la seguridad de sus ciudadanos, porque no hay mayor fracaso que una vida arrebatada por la violencia.
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Cada muerte es una herida más en nuestra sociedad. En un país donde los valores fundamentales parecen haberse desvanecido, la promoción de una cultura de paz debería ser prioridad. La paz, la seguridad, no deben ser un privilegio, sino un derecho.
