El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos inaugura una era de incertidumbre para México. Sus amenazas de aranceles del 25 %, deportaciones masivas y la posibilidad de bombardeos a cárteles en territorio mexicano plantean una crisis que pondrá a prueba nuestra soberanía y la capacidad de respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum. Defender nuestra soberanía ha sido una bandera histórica del movimiento que hoy gobierna México, pero las palabras deben convertirse en acciones concretas.
Pero dejemos algo claro desde ahora: México no es tierra de nadie, más que de los mexicanos. Hoy más que nunca, se necesita un gobierno que esté a la altura de sus principios y que demuestre que esta administración puede garantizar la dignidad, los derechos y la seguridad de cada mexicano frente a las amenazas externas.
El desafío económico: aranceles, dependencia y el T-MEC como herramienta clave
El 83 % de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos, lo que refleja una dependencia estructural que Donald Trump no ha dudado en usar como arma política. Su amenaza de imponer aranceles del 25 % como medida de presión para frenar la migración y el tráfico de fentanilo no solo es un acto de injerencia, sino una política que podría golpear severamente nuestra economía. Según el IMCO, en 2023 las exportaciones hacia Estados Unidos representaron casi el 30 % del PIB mexicano, subrayando nuestra vulnerabilidad ante decisiones unilaterales de Washington.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una herramienta clave para contrarrestar este tipo de amenazas. Este acuerdo no solo establece reglas claras para el comercio entre los tres países, sino que también protege a México contra medidas proteccionistas injustificadas. La imposición de aranceles con fines políticos podría violar las disposiciones del T-MEC, lo que le permitiría al gobierno mexicano activar los mecanismos de solución de controversias previstos en el tratado para garantizar el respeto a los compromisos comerciales.
La respuesta del gobierno mexicano no debe limitarse a la defensiva. Es imprescindible diversificar los mercados internacionales, fortalecer la industrialización interna y garantizar un entorno donde el estado de derecho, la seguridad y la certeza jurídica sean pilares que impulsen las inversiones. Si bien la presidenta Sheinbaum ha intentado mostrarse firme con declaraciones como “a un arancel vendrá otro en respuesta,” estas palabras deben ir respaldadas por acciones concretas.
Entre las prioridades, México necesita consolidar un sistema de justicia transparente y predecible, que ofrezca confianza a los inversionistas nacionales e internacionales. Además, es indispensable garantizar la seguridad en las regiones clave para la producción y el comercio, asegurando que las empresas puedan operar sin las amenazas del crimen organizado. Asimismo, fomentar sectores estratégicos como la tecnología, la energía renovable y la agroindustria permitirá no solo diversificar nuestras exportaciones, sino también proyectar a México como un socio confiable y competitivo en el ámbito global.
Además, es fundamental aprovechar la red de tratados internacionales que tiene México con más de 50 países para expandir nuestras exportaciones hacia Europa, Asia y América Latina. La diversificación no solo es una estrategia de supervivencia económica, sino también una señal de que México no depende únicamente de las decisiones de un solo socio comercial.
El T-MEC también debe ser visto como una plataforma para proyectos estratégicos de integración regional. Fortalecer las cadenas de valor de América del Norte no solo protege a México de medidas proteccionistas, sino que también aumenta la competitividad conjunta de la región frente a economías como la de China.
No podemos permitir que Trump use nuestra dependencia económica como un arma política. La clave está en responder con una visión estratégica que no solo defienda nuestras exportaciones, sino que impulse el desarrollo interno de manera sostenible y diversificada. México no solo debe resistir las embestidas trumpistas, sino también demostrar que somos un socio comercial sólido y soberano. Un México con seguridad, estado de derecho y certeza jurídica no solo resistirá las amenazas de aranceles y presiones externas, sino que se consolidará como una economía fuerte, soberana y atractiva para el mundo.
Cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América” no solo sería un acto de ignorancia histórica, sino también una falta de respeto a la soberanía y la identidad cultural de México y los países que comparten sus costas. El nombre “Golfo de México” tiene raíces profundas que datan de la época de la colonización, y está reconocido internacionalmente por su ubicación geográfica y su relevancia histórica en el desarrollo económico y social de la región. Este cuerpo de agua no solo es fundamental para México, sino también para el equilibrio ecológico y la economía de toda América del Norte. Modificar su nombre implicaría borrar siglos de historia y restar legitimidad a la identidad mexicana en un espacio que ha sido clave para su desarrollo como nación independiente. Además, cualquier cambio sería una imposición unilateral sin justificación jurídica o geográfica, violando acuerdos internacionales y desafiando el consenso de la comunidad global sobre la nomenclatura de los territorios naturales.
Migración: los riesgos de la deportación masiva y el llamado a la dignidad
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos trae consigo la amenaza de implementar la mayor deportación masiva en la historia reciente. Con el respaldo de figuras extremistas como Stephen Miller y Thomas Homan, Trump planea deportar hasta 20 millones de migrantes indocumentados, utilizando incluso a la Guardia Nacional. Su objetivo es alcanzar un millón de deportaciones anuales, más del doble del récord histórico de 2012, durante la administración de Barack Obama.
Para México, las implicaciones de estas políticas no son solo estadísticas; son humanas y devastadoras. De los 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, alrededor de 4 millones son mexicanos. No son números, son vidas: madres, padres, hijas e hijos que huyeron de la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades, buscando un futuro mejor. Las deportaciones masivas no solo saturarían las ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, sino que también pondrían en jaque los sistemas sociales y económicos, convirtiendo una crisis migratoria en una crisis humanitaria.
Ante esta situación, el gobierno mexicano tiene la obligación moral y política de responder con altura de miras. Promesas vagas de empleo y programas sociales no son suficientes; los deportados necesitan un plan integral que les garantice una reintegración digna. Esto incluye acceso a vivienda, educación, empleo y apoyo psicológico para quienes han sufrido el trauma de ser separados de sus familias. Las ciudades fronterizas, ya al límite, requieren infraestructura, financiamiento y coordinación federal para hacer frente a este desafío.
Exigir derechos humanos no es una concesión, es un deber. La presidenta Claudia Sheinbaum debe liderar con firmeza y humanidad, presentando una estrategia robusta y detallada que proteja a nuestros connacionales y garantice que México no sea tierra de abandono. Además, el gobierno mexicano debe exigir a Estados Unidos corresponsabilidad en la gestión de la migración regional. Trump no puede seguir utilizando a los migrantes como moneda política mientras ignora las causas estructurales de la migración: la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades que obligan a millones a dejar sus hogares.
México necesita soluciones reales. Esto implica no solo atender las consecuencias de las políticas migratorias de Trump, sino también generar las condiciones para que ningún mexicano se vea obligado a migrar por necesidad. Un México que garantice derechos, seguridad y desarrollo es la verdadera respuesta a la amenaza de las deportaciones masivas.
El mensaje debe ser claro: México no es el patio trasero de Trump, pero tampoco puede seguir siendo un lugar donde sus propios ciudadanos no encuentren esperanza. Si queremos ser un país fuerte, justo y soberano, debemos actuar con empatía, dignidad y visión estratégica. No podemos esperar a que Trump defina nuestro futuro, porque ese futuro pertenece a los mexicanos y está en nuestras manos construirlo.
Seguridad: soberanía, cooperación y justicia sin excepciones
De todas las amenazas que plantea Trump, la más grave es su intención de bombardear cárteles o enviar tropas estadounidenses a México. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir una intervención extranjera que pisotee nuestra soberanía y convierta a México en un escenario más de sus guerras.
Rechazamos categóricamente la intervención, pero estamos a favor de una cooperación internacional basada en el respeto mutuo y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, defendida por figuras como Marco Rubio, es otro ataque disfrazado de ayuda. Si Trump realmente busca resolver la crisis del fentanilo, debe empezar por controlar la demanda en su propio país y detener el flujo de armas hacia México, que alimenta la violencia en nuestras calles.
Eso sí, la lucha contra el narcotráfico debe ser total y sin excepciones. No puede haber intocables, ni siquiera entre los aliados, simpatizantes o miembros del partido en el poder. Es momento de que caigan todos, desde quienes operan en las sombras hasta quienes, desde sus cargos de poder, protegen estas redes criminales. No importa si viven en Palenque, en La Habana o en cualquier rincón del país; México necesita justicia, y eso incluye limpiar las estructuras políticas que han permitido el crecimiento del crimen organizado.
La seguridad de nuestra gente no debe ser un tema partidista ni una herramienta de propaganda. Es un asunto de Estado, y como tal, exige una respuesta integral, firme y transparente. Solo con estas acciones podremos demostrar que México no es el patio trasero de nadie y que nuestra soberanía no es negociable.
