Recientemente la organización internacional Human Rights Watch (HRW) dio a conocer su informe anual 2025 sobre los derechos humanos en el mundo. Sobre los resultados lamenta el poco compromiso observado en diversos países sobre la salvaguarda de la integridad institucional democrática, los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, sobre todo en los conflictos armados y en las dictaduras.
En el capítulo sobre México HRW destaca los pocos avances en pobreza y desigualdad social; el veto al derecho y acceso a la información de los ciudadanos; ataques a periodistas y a defensores de Derechos Humanos; sobre abusos militares y debilidades en temas de aborto, migración, orientación sexual, derechos de personas con discapacidades y políticas climáticas.
Es imposible comentar todos los temas mencionados por razones de espacio en este medio periodístico, sin embargo quisiera referirme, aunque sea someramente, a temas de relevancia que erosionan al país, relativos a la violencia criminal y el sistema de justicia penal y la independencia judicial.
El informe confirma la alta tasa de delitos violentos que aquejan al país. Según HRW, gran parte de los homicidios fueron realizados por el crimen organizado, un número importante con armas de fuego, muchas de éstas contrabandeadas desde Estados Unidos.
Destaca un alto número de personas consideradas como desaparecidas, que pudieron haber sido asesinadas y enterradas en alguna de las fosas clandestinas descubiertas, o en fosas municipales de cuerpos sin identificación. Así mismo, un alto número de restos humanos estarían almacenados sin reconocimiento.
HRW señala la lamentable desaparición del Centro Nacional de Identificación, creado ante la incapacidad forense de las fiscalías para realizar su trabajo, así como el retraso de medidas exigidas por la Ley de Desapariciones de 2017, como la creación de un banco de datos forenses. El expresidente Manuel López Obrador siempre evitó reconocer los altos índices de desaparecidos, en un contexto más político y demagógico que de solución de problemas.
El documento destaca la persistente tortura y malos tratos físicos utilizados por cuerpos policiacos y militares para obtener confesiones o información, así como detenciones arbitrarias como práctica generalizada, que incluyen acciones de “fabricación de cargos” y “siembra de drogas” contra ciudadanos, en vehículos, hogares u objetos personales.
El sistema de justicia y las fiscalías muestran ser ineficaces. Los acusados de delitos permanecen largos periodos en prisión preventiva, sobre la base de una docena de delitos, lo que contradice los estándares internacionales de los derechos humanos. El Congreso mexicano aprobó una modificación constitucional que incrementa la lista para los delitos de prisión preventiva automática, lo que ha ido en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó a México eliminar esa práctica, señala HRW.
La HRW manifiesta preocupación por las modificaciones constitucionales que obligan a los jueces estatales y federales, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados del Tribunal Electoral, a renunciar y ser sustituidos mediante elecciones populares, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar jueces, que bien podrían socavar la independencia judicial y juicios justos, inquietud también manifestada por la Relatoría Especial de Naciones Unidas y la CIDH.
En este contexto, entre intereses y contubernios políticos y criminales, la violencia hunde al país, donde no se cuenta con un sistema de justicia autónomo y funcional, atacado permanentemente por el expresidente López Obrador y por el actual sexenio, en función de una orientación ideológica y política, sin construir un verdadero Estado de derecho, que bien refleja el informe de HRW. El régimen no sólo no ha podido dar respuestas a la trágica situación, sino que también al parecer vamos en retroceso.
