México atraviesa un momento crítico tras la promulgación de la reforma judicial, un lance político y legislativo que está sacudiendo los cimientos de nuestro sistema de justicia. Esta reforma, instrumentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero impulsada por Andrés Manuel López Obrador, tiene al país en una situación sin precedentes: la renuncia masiva de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados que han declinado participar en el proceso electoral propuesto para junio de 2025.
Lo que muchos temen es que la llamada “guillotina judicial” esté cortando las cabezas de quienes han dedicado sus vidas a este servicio, poniendo en grave riesgo la integridad del sistema de justicia en su conjunto, con repercusiones graves para la división de poderes.
Esta primera semana de noviembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pone a discusión el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que propone cambios significativos en la elección de los cargos del Poder Judicial. Esta propuesta, según analistas, podría abrir la puerta a una salida política que rompa el estancamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que han estado en conflicto con el Poder Judicial. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha manifestado su renuencia a ceder, argumentando que la Corte está excediendo sus atribuciones.
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Si la Corte decide a favor de la propuesta de González Alcántara y la presidenta del país ignora su fallo, México podría enfrentar una crisis constitucional con consecuencias devastadoras. Esta situación nos lleva a una pregunta crítica: ¿qué futuro le espera a nuestro sistema judicial y, por ende, a la democracia mexicana?
La renuncia de más de 845 magistrados y jueces, incluyendo a ocho ministros de la SCJN, es un signo alarmante del deterioro de la confianza en la justicia. Estas renuncias no solo son actos de resistencia frente a una reforma que muchos consideran autoritaria, sino también un grito de advertencia sobre las implicaciones de un proceso electoral que podría ser controlado por intereses partidistas y de otra índole. Esto, lejos de fortalecer la justicia, la debilita al quitarle su carácter imparcial y autónomo.
El hecho de que el proyecto del ministro González Alcántara busque invalidar ciertos aspectos de la reforma judicial es una luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, la posibilidad de que el gobierno de Sheinbaum no acate el fallo de la Corte si este resulta desfavorable a la reforma, pone en riesgo la gobernabilidad del país. Históricamente, el respeto al Estado de derecho ha sido la base de nuestras instituciones; su quiebre podría abrir la puerta a un régimen donde el autoritarismo prevalezca sobre la democracia.
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En este contexto, la sociedad mexicana debe estar alerta. La gran mayoría de los ciudadanos no alcanzamos a comprender las implicaciones de las reformas que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente la que busca la “supremacía constitucional” del régimen, ni cómo afectarán nuestra vida cotidiana. La falta de información y el control narrativo del gobierno son elementos que pueden llevar a una apatía peligrosa entre la población.
Lo cierto es que el equilibrio entre poderes es esencial, y su ruptura no solo amenaza al Poder Judicial, sino a la esencia misma de nuestra nación. Esta semana no solo se discutirán reformas; se decidirá el rumbo de México y su compromiso con la justicia y la democracia. En este juego de poder, la ciudadanía debe ser vigilante y exigente, porque el futuro de nuestro país depende de la defensa de nuestros derechos y del respeto al Estado de derecho.
