El aplazamiento de la aplicación de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas por parte del gobierno de Donald Trump, hasta el próximo 2 de abril, y no el 4 de marzo como se había anunciado, no es una concesión gratuita. Es, en realidad, una prueba de obediencia que ha puesto a México en una posición delicada.
El jefe de la Casa Blanca exige resultados inmediatos en migración, tráfico de drogas y combate a los cárteles. Si estos no se materializan a su entera satisfacción, los aranceles entrarán en vigor, afectando gravemente la economía mexicana.
Esta situación coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum en una encrucijada. Por un lado, debe evitar el golpe económico que supondrían estos aranceles, pero por otro, debe salvaguardar la soberanía nacional y evitar que México se convierta en un Estado subordinado a las exigencias de Washington. La negociación no es sencilla.
El problema del fentanilo es el mayor punto de fricción. Aunque se han registrado incautaciones históricas de esta droga en México, Trump y sus aliados siguen culpando a los cárteles mexicanos de la crisis de sobredosis en Estados Unidos.
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Sin embargo, datos federales estadounidenses muestran que más del 80% de los detenidos por tráfico de fentanilo en la frontera común son ciudadanos estadounidenses, no mexicanos. Aun así, Washington exige medidas más drásticas contra los cárteles y el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera.
El caso de Ismael El Mayo Zambada añade mayor complejidad al escenario. Su captura en 2024 y su posterior traslado a Estados Unidos han generado especulaciones sobre acuerdos ocultos con el gobierno estadounidense. Sus recientes declaraciones, que implican a políticos de Morena, en presuntas negociaciones con el Cártel de Sinaloa, han encendido las alarmas en el gobierno mexicano.
Las acusaciones, aunque no han sido probadas, alimentan la percepción de que hay sectores de la política mexicana que han mantenido vínculos con el crimen organizado, lo que podría ser utilizado por Donald Trump como una justificación adicional para exigir una mayor intervención en asuntos de seguridad interna de México.
La presidenta Sheinbaum tiene que demostrar que su gobierno es capaz de enfrentar al crimen organizado sin ceder a la presión de Washington ni abrir una crisis política interna. Pero cualquier acción en este sentido tiene riesgos: si es demasiado tibia, Trump la verá como una líder débil; si es demasiado agresiva, podría desencadenar una ola de violencia y desestabilización en el país. Además, un endurecimiento en la política de seguridad podría desatar tensiones dentro del propio partido Morena y entre sectores cercanos al expresidente López Obrador que defienden un enfoque menos represivo hacia el narcotráfico.
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Además, la relación comercial con nuestro vecino está en juego. Las industrias automotriz, farmacéutica y tecnológica mexicanas sufrirían un golpe devastador si se aplican los aranceles, lo que obligaría a México a buscar alternativas de diversificación comercial. Sin embargo, la dependencia que tenemos con Estados Unidos es estructural y no se soluciona en el corto plazo.
La imposición de aranceles podría afectar a más de un millón de empleos en México y reducir el crecimiento económico en un momento en el que el país busca consolidar una recuperación tras la pandemia y las crisis económicas previas.
La prueba impuesta por Trump es clara: o México cumple sus demandas o sufrirá las consecuencias económicas. El gobierno mexicano debe demostrar que no es un peón en el juego de Donald Trump.
La única manera de hacerlo es con una estrategia firme con acciones efectivas, una diplomacia hábil y un liderazgo que no ceda ante la intimidación.
