Esta semana hemos sido testigos de cómo una persona en el poder toma decisiones arbitrarias solo porque tiene la fuerza para hacerlo y el mandato que se lo permite. Sin el menor análisis, ha adoptado medidas que provocarán un daño significativo no solo a quienes son directamente afectados, sino también al pueblo estadounidense, debido a la brutalidad de muchas de estas acciones.
En nuestro país también el gobierno anterior tomó algunas decisiones derivadas del poder presidencial y de la complicidad de la mayoría de la Cámara de Diputados, que, sin un análisis adecuado las han aprobado. Un ejemplo de ello es la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuyas funciones supuestamente serán trasladadas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La mayoría de las notas y comentarios críticos sobre esta decisión han sido ignorados por el gobierno y su partido, y no han logrado justificarla más allá de un supuesto ahorro presupuestal y duplicidad de funciones nunca demostradas.
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En uno de sus últimos comunicados, el CONEVAL destacó el presupuesto con el que contaba para desarrollar su importante labor, que no solo ha sido útil para académicos interesados en el desarrollo social, sino también fundamental para el propio gobierno en la toma de decisiones y la evaluación de sus resultados. En 2018 el presupuesto del CONEVAL ascendía a 435 millones de pesos; para 2024 había disminuido a 304 millones, a pesar de un aumento significativo en sus actividades. Su participación en el presupuesto del ramo 20 fue de apenas 0.08%, y dentro del Gasto Neto Total de solo 0.01%. Estas cifras son ridículas en proporción al presupuesto nacional, lo que sugiere que los motivos detrás de la decisión podrían ser otros. Tan solo veamos que la adquisición de aviones para la línea aérea gubernamental Mexicana será de 20,000 millones de pesos, por ejemplo.
Aunado a esta desastrosa y autoritaria medida nos encontramos con el hecho de que el INEGI, la institución que ahora supuestamente asumirá las funciones del CONEVAL, también enfrenta recortes presupuestales. Según informes, su presupuesto para este año se redujo un 17% en comparación con 2024, sin la menor explicación más allá de la austeridad famosa.
Lo más preocupante es una de las decisiones recientes del INEGI, comentada poco en los medios, debido a la disminución de recursos la Encuesta Intercensal 2025 no se llevará a cabo. Según declaraciones técnicas del propio INEGI antes de tomar la decisión: “los resultados de esta encuesta serán de particular relevancia, debido a la ocurrencia de la pandemia de COVID-19 posterior al Censo de Población y Vivienda 2020, que afectó a nuestro país y al resto mundo.”
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Esta encuesta era fundamental para la toma de decisiones racionales sobre la distribución de recursos, ya que el presupuesto se asigna principalmente con base en la población. Al no realizarse la medición, la distribución monetaria se hará con suposiciones cada vez menos precisas. Esto es especialmente grave considerando los efectos de la pandemia, las muertes que causó, y la movilidad interna derivada tanto de cuestiones económicas como de desplazamientos forzados por la creciente presencia del narcotráfico en distintas regiones.
Es decir, justo cuando más se necesitaban datos certeros se ha decidido prescindir de ellos. A México le ha costado bastante contar con una política de Estado sustentada en información sólida para la toma de decisiones, y resulta lamentable que un gobierno que afirma fundamentarse en la ciencia abandone este principio por supuestas razones de austeridad.
Renunciar al lema del CONEVAL, “Lo que se mide se puede mejorar”, tendrá un costo elevado para el país, no solo a largo plazo, sino también en el corto.