¿Hacia dónde se dirige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la ratificación de Rosario Piedra?
Más allá de nombres, el verdadero debate trasciende a la figura de la reelección de su presidenta por cinco años más y se centra en el estado que guardan los derechos humanos en México. Este es el verdadero tema que está en juego.
Validemos si perdura el espíritu de la concepción de la CNDH, el propósito es claro y ambicioso: proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a abusos y omisiones del poder.
En sus más de 30 años de historia, este organismo ha intervenido en casos de violaciones graves, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, muchos de ellos perpetrados por fuerzas de seguridad o autoridades estatales. Ha atravesado momentos de avance y también de retroceso, con casos emblemáticos que han puesto a prueba tanto su autonomía como su compromiso con las víctimas.
Uno de los ejemplos más emblemáticos fue en el caso Acteal en 1997, cuando la CNDH emitió una recomendación sobre la masacre de 45 personas, principalmente mujeres y niños indígenas, en Chiapas.
La recomendación puso en evidencia la complicidad y omisión de las autoridades federales y locales, logrando visibilizar el caso a nivel nacional e internacional.
Aunque el impacto real en la justicia para las víctimas fue limitado, la actuación de la Comisión mostró el poder que puede tener una institución autónoma cuando toma en serio su labor de denuncia y presión.
El caso de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en 2014, es otro episodio que marca la historia de la CNDH.
Si bien emitió una recomendación en 2018 señalando inconsistencias en la investigación oficial y denunciando violaciones graves por parte de las autoridades, para muchos quedó la sensación de que fue una acción insuficiente.
La CNDH tuvo la oportunidad de ser un pilar de justicia y transparencia en un caso que conmocionó a México y al mundo, pero sus acciones dejaron a las familias de las víctimas en espera de justicia plena.
Los anteriores son solo dos ejemplos, pero lo importante es lo que se avecina para el futuro.
Los derechos humanos en México están en una situación crítica debido a una combinación de factores que van desde la inseguridad extrema hasta la falta de respuesta contundente de las autoridades.
La violencia y la impunidad se han normalizado en varias regiones del país, donde las masacres y los enfrentamientos entre grupos criminales, así como los abusos por parte de fuerzas de seguridad, han creado un ambiente de miedo e impunidad.
El derecho a la seguridad, la justicia y la paz son aspectos esenciales de los derechos humanos que están en riesgo en este contexto. En un país donde las masacres se han vuelto parte de las noticias cotidianas, y donde los ciudadanos de ciertos estados viven con temor constante a perder la vida en enfrentamientos o emboscadas, el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es fundamental.
El organismo no sólo deberá ser reactivo, sino preventivo, abanderar fielmente una cultura de respeto a los derechos humanos y denunciar abiertamente cualquier tipo de abuso. Esto implica defender la autonomía de la institución y evitar que se convierta en una herramienta de intereses políticos.
Su credibilidad depende de su capacidad de actuar con imparcialidad y de su disposición a alzar la voz frente a cualquier violación, sin importar de dónde provenga.
El país necesita una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no se limite a recomendaciones sin seguimiento, sino que asuma un rol activo para asegurar que sus resoluciones se traduzcan en cambios tangibles y en justicia para las víctimas.
