En México, las cifras tienen rostros y las estadísticas, nombres. Más de 112 mil personas han sido reportadas como desaparecidas en el país desde 1964, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Pero detrás de cada número hay una madre, una hija, una hermana, buscando desesperadamente entre tierras áridas, fosas clandestinas y burocracias indolentes.
La desaparición forzada ha dejado de ser en nuestro país un fenómeno aislado para convertirse en una crisis humanitaria, prueba de ello es la voz de las madres buscadoras que se alza como un símbolo de amor, dolor y resistencia.
Estas mujeres, muchas de ellas sin formación en investigación o criminología, se han convertido en peritos improvisados y arqueólogas del sufrimiento. Equipadas con palas, varillas y una esperanza infinita, rastrean terrenos inexplorados en busca de restos que les devuelvan un poco de paz. Su lucha, sin embargo, no solo es contra la tierra y el tiempo, sino contra un sistema que parece diseñado para ignorarlas.
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Según cifras oficiales, más del 98% de los casos de desaparición en México permanecen sin resolver (INEGI, 2023). Esto no solo evidencia una grave ineficiencia institucional, sino que también refleja una indiferencia social que perpetúa la impunidad. Las madres buscadoras no solo se enfrentan al vacío de la ausencia, sino también al vacío del Estado.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló en su informe de 2022 que México enfrenta una “situación generalizada de desapariciones” y un crecimiento exponencial de fosas clandestinas. Tan solo entre 2006 y 2023, se han identificado más de 4,000 fosas en todo el país, con predominio en estados como Jalisco, Veracruz y Tamaulipas (CNDH, 2023).
Para las madres, cada una de estas fosas es una herida abierta. La esperanza de encontrar a sus hijos con vida se enfrenta a la cruel realidad de identificar sus restos. Sin embargo, lo que más duele no es la posibilidad de un desenlace fatal, sino la indiferencia institucional que las obliga a ser ellas mismas quienes realizan esta labor. “No deberíamos estar aquí, cavando entre la tierra. Deberíamos estar en casa, abrazando a nuestros hijos”, dice Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.
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A pesar de las denuncias y recomendaciones internacionales, como las recientes medidas cautelares emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) tras los recientes hallazgos de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, el Estado mexicano no ha logrado implementar una política integral para combatir este fenómeno. Los presupuestos destinados a la búsqueda de desaparecidos son insuficientes, las fiscales especializadas carecen de recursos, y las tecnologías para la identificación forense son limitadas.
No obstante, este panorama podría cambiar favorablemente con las modificaciones propuestas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. La reforma presentada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como objetivo robustecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas de forma mas rigurosa.
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Las madres buscadoras no cesan a pesar de enfrentar riesgos constantes. Según Amnistía Internacional (2023), al menos 13 integrantes de colectivos de búsqueda han sido asesinados en los últimos años. Esta vulnerabilidad no solo es física, sino también emocional, pues la estigmatización social y la criminalización las persiguen.
Ellas no solo están en busca de sus hijos; están en busca de justicia y reconocimiento. El gobierno tiene una deuda con ellas.
Este doloroso flagelo no se resolverá solo con palabras ni con gestos simbólicos. Es necesario el tan esperado cambio estructural que garantice no solo la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, sino también el acceso a la verdad y la justicia. Mientras tanto, las madres buscadoras seguirán cavando, no solo en la tierra, sino en el corazón de una nación que aún no entiende la magnitud de su tragedia.
Fuentes:
- Amnistía Internacional. (2023). Informe Anual sobre Derechos Humanos.
- Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. (2022). Informe sobre México.
- INEGI. (2023). Estadísticas de Impunidad en México.
