La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) representa un desafío sin precedentes para el Instituto Nacional Electoral (INE). Este proceso, que mandata la reforma judicial, no sólo implica una complejidad organizativa inédita, sino que está amenazado por el severo recorte presupuestal aprobado por el Congreso mexicano, lo que pone en jaque la calidad que ha caracterizado al INE durante las últimas décadas.
El recorte de 13 mil 476 millones de pesos al presupuesto solicitado por el instituto electoral equivale al 33% de lo que la institución estimaba necesario para llevar a cabo esta elección extraordinaria.
Este ajuste reduce drásticamente los recursos disponibles para etapas fundamentales del proceso electoral, como la capacitación de supervisores y asistentes electorales, la compra de materiales, la instalación de casillas y la logística general.
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A pesar de que el INE se encuentra obligado a organizar esta elección, los recursos aprobados apenas alcanzan para operar con estándares mínimos, lo que provocará una distancia preocupante entre los ciudadanos y las urnas.
El contexto es alarmante. El número de casillas a instalar será considerablemente menor al de procesos anteriores, alejando los centros de votación de las comunidades y dificultando el acceso de los ciudadanos. Esto afecta directamente la capacidad del INE para apoyar a los votantes en el ejercicio de su derecho democrático.
Sin una adecuada capacitación de supervisores y asistentes electorales, las garantías de equidad y transparencia que han definido a los procesos electorales del INE están en riesgo.
Además, la dimensión de esta elección es 30% mayor que la de los comicios presidenciales de junio pasado, con 881 cargos a elegir. Esta magnitud requiere una planificación minuciosa y un despliegue logístico robusto que, bajo las condiciones presupuestales actuales, parece inalcanzable. Los riesgos no sólo afectan al desempeño del INE, sino que también minan la confianza ciudadana en el proceso democrático.
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El impacto del presupuesto insuficiente no se limita al día de la elección. La capacitación, piedra angular de cualquier proceso electoral, está gravemente comprometida. El INE necesita más de 50 mil supervisores y capacitadores, pero con los recursos asignados, apenas podrá cubrir una fracción de esa cifra.
Esto pone en riesgo la capacidad del personal electoral para garantizar que los votantes reciban el apoyo necesario, especialmente en un proceso tan complejo como este. Las consecuencias son claras: un proceso electoral de baja calidad alimentará el escepticismo entre los ciudadanos y podría erosionar la legitimidad de la composición del Poder Judicial.
Además, deja al INE en una posición vulnerable, expuesto a críticas por fallas que derivan directamente de las restricciones presupuestales impuestas. Este escenario sienta también un peligroso precedente para los futuros procesos electorales.
La historia reciente del INE demuestra que incluso bajo presión, este órgano autónomo ha sabido garantizar elecciones libres y equitativas. Sin embargo, la falta de recursos y la premura del tiempo corren en contra de un Instituto que ha demostrado su capacidad para rendir buenas cuentas. Pero, bajo estas circunstancias, nadie está obligado a lo imposible.
