Una de las noticias que más tracción generó el joven gobierno de Sheinbaum al inicio del 2025 fue el anuncio de la creación del auto eléctrico mexicano “Olinia”, un proyecto liderado por Roberto Capuano que, de momento, cuenta con solo 25 millones de pesos durante el año para su etapa de desarrollo e investigación. El sueño motorizado no tardó en generar conversación entre los ciudadanos, la industria privada y, por supuesto, los políticos; pues hasta el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, alzó la mano para que su entidad fuera elegida como el destino de una posible planta de producción. De momento, Capuano se encuentra aprendiendo, hizo una visita a la fábrica de Zacua en Puebla, otro auto eléctrico de origen mexicano, para conseguir algo de experiencia en manufactura.
El proyecto busca acercar a México hacia la electromovilidad, aunque, datos compartidos por Francisco Cabeza, el presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de México, podrían indicar que hay mucho camino por recorrer, al igual que presupuesto por obtener. Cabeza estima que la inversión promedio para una planta armadora de este tipo es cerca de mil millones de dólares; además, una línea de producción de baterías para autos eléctricos tiene un precio que ronda entre los 250 millones de dólares y los 2 mil millones de dólares. Con un proyecto que comenzó con 25 millones de pesos, un promedio de mil millones de dólares parece distante para Olinia. No es la primera vez que el mundo presencia la introducción de la idea de un “auto del pueblo”. Dejando de un lado la marca Volkswagen, con el “vochito”, que nació en un momento penoso de la historia, y existe un ejemplo mucho más moderno, con el fabricante de autos de la India conocida como Tata Motors.
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En el 2008, dicho grupo lanzó el modelo Tata Nano con ayuda de la Industria Privada y el gobierno local, lo hizo bajo la idea de “el auto más barato del mundo”; en ese momento valía alrededor de 2,500 dólares, es decir, poco más de 74 mil pesos en pleno 2025, menos que los modelos que se plantean para Olinia que rondan entre los 90 mil y 150 mil pesos. Tras su lanzamiento en un país con una alta población, se estimaba que venderían inicialmente 20 mil unidades al mes; para al final de la vida del proyecto en 2018, ese número fue de solo 40. Hay muchas razones por las cuales fracasó, desde coches que se incendiaban por una baja inversión en seguridad, una pobre estrategia de marketing e imagen pública, la casi nula cantidad de amenidades e incluso el hecho de que, a pesar de su bajo precio, seguía siendo inalcanzable para muchas familias de escasos recursos.
Tomando en cuenta que, en México se puede comprar una motocicleta de 18 mil pesos en el sitio web de Soriana, cuesta creer que los consumidores preferirían un auto muy barato que es tres veces más caro que esa opción; esto sin considerar que los enchufes para cargar un auto eléctrico son de costo elevado y escasean a lo largo del territorio nacional. Ahora, el Tata Nano ha quedado en la historia como un ejemplo de lo que no se debe de hacer al momento de producir un auto extremadamente económico y cuyo público es “el pueblo de una nación”; lecciones que tal vez, este joven gobierno, todavía tiene que aprender.
Contra Reforma Infonavit
Empresarios y representantes de trabajadores han expresado su rechazo a la reforma al Infonavit, al considerar que representa un grave retroceso en la administración y supervisión de los recursos del instituto. Aseguran que la modificación eliminaría el principio tripartito —donde participan el gobierno, los empresarios y los trabajadores— y reduciría la vigilancia sobre los 800 mil millones de pesos en dinero circulante del organismo, de los cuales se estima que al menos 300 mil millones se destinarán a la construcción de vivienda. El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, y el secretario general de la CROM, Rodolfo González Guzmán, advirtieron en conferencia de prensa que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados y próxima a discutirse en el Senado pone en riesgo la estabilidad financiera del Infonavit y debilita la participación de los sectores productivos en la toma de decisiones.
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Consideran que los cambios propuestos podrían abrir la puerta a un manejo discrecional de los recursos, afectando tanto a los derechohabientes como a las empresas que contribuyen al financiamiento del instituto. Entre los principales señalamientos se encuentra la falta de transparencia en la asignación de fondos, el debilitamiento de la representación de trabajadores y empresarios en la toma de decisiones y el riesgo de politización del organismo. También alertaron que la reforma podría generar incertidumbre en el sector de la construcción, impactando el desarrollo de vivienda y afectando a millones de familias que dependen de los créditos del Infonavit para acceder a una casa propia.
Organismos empresariales y sindicatos han solicitado que el Senado realice un análisis más profundo antes de aprobar la reforma, con el objetivo de evitar que se vulneren los principios de gobernanza que han permitido el crecimiento y estabilidad del instituto a lo largo de los años. Argumentan que cualquier modificación debe priorizar la protección del patrimonio de los trabajadores y garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y transparente.
Voz en Off
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