Tristeza, disgusto, pero más que nada, tremenda consternación es lo que me provoca el apoyo que, según los medios que han cubierto el caso, ha sido proporcionado por decenas de personas en redes sociales a Luigi Mangione, acusado en Estados Unidos de asesinar a balazos a Brian Thompson, CEO de la aseguradora UnitedHealthCare. Según las notas periodísticas, el apoyo social estaría relacionado con el hecho de que, en los cartuchos recuperados, se habrían encontrado las leyendas “Deny”, “Defend” y “Depose”, mismas que, al parecer, hacen alusión al aforismo Delay, deny and defend con el que se ha criticado la supuesta política de algunas aseguradoras para injustificadamente dilatar y rechazar los pagos a asegurados, obligándolos innecesariamente a ir a juicio para hacer valer sus derechos. Bajo la óptica de estos seguidores, el asesinato que se persigue, más que un delito, constituye la reivindicación de derechos de oprimidos contra opresores; sin embargo, a mi manera de ver las cosas, tan solo coquetear con semejante aproximación es peligrosísimo.
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La prohibición de autotutela es el principio que sirve de base a la existencia de cualquier Estado. Básicamente, consiste en la renuncia que todas y todos hacemos a hacernos justicia por propia mano; en consecuencia, ninguno tiene derecho a castigar con violencia, por sí mismo, las faltas cometidas por otro. ¿Su lógica? La necesidad de erradicar, en la mayor medida posible, la arbitrariedad generalizada que primaría si las personas tuviésemos la potestad de atribuir responsabilidad y consecuencias sobre la vida, la libertad o la integridad física de otro: decidiríamos sobre una determinada ofensa a partir de nuestra visión particular del asunto, sin garantías de que ésta no esté contaminada por emociones personales (como el odio, el resentimiento y el deseo de venganza), y naturales sesgos cognitivos (como el sesgo de confirmación, según el cual el cerebro hace una selección conveniente de los indicios que son congruentes con nuestra teoría de lo sucedido, pasando por alto aquellos que no lo son).
Además, la autotutela desencadena reacciones de la misma naturaleza. De manera casi inmediata el destinatario de “nuestra justicia” haría su propia evaluación de los méritos del caso y, con convicción íntima, muy probablemente concluiría que lo procedente es, a su vez, ajustar cuentas, detonándose con ello un círculo vicioso de acciones y reacciones que no terminarán sino hasta que uno de los involucrados unilateralmente decida no vengarse o simplemente no pueda. Una sociedad basada en ese esquema solo puede tener como resultado un caos interminable y, en última instancia, el terror.
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Por eso, el derecho es una piedra angular de cualquier nación civilizada. Nos permite conocer de antemano aquello que, de realizarse, será penado. Concede a terceros no involucrados en el conflicto la potestad de conocer el caso y decidir si se atribuye o no responsabilidad; con ello, concede garantías razonables a los gobernados de que su caso será resuelto sin parcialidad. Naturalmente, para que esto funcione, se prohíbe la autotutela y se delega el monopolio de la violencia legítima al Estado. Ese monopolio se expresa no solo a través de la policía preventiva (que interviene en cursos de acción que, dejados al decurso natural de los acontecimientos, perturbarían la paz pública), sino a manera de sentencias que obligan a las autoridades a respetar los derechos de los gobernados, que condenan a delincuentes a penas privativas de la libertad, que obligan al pago de lo debido, entre otras manifestaciones, las cuales se acompañan de fuerza pública que las hacen efectivas en caso de resistencia.
La lógica del funcionamiento del sistema (con todo y sus vicios y errores) no puede ser más evidente.
No seré yo quien desconozca el profundo dolor que puede ocasionar que una o mas aseguradoras lleguen a incumplir sin justificación sus compromisos contractuales; algo así me resultaría intolerable desde cualquier perspectiva. Sin embargo, las potenciales violaciones a la ley deben ser investigadas, perseguidas y sancionadas a través de los mecanismos que el derecho prevé para ello, pues tales procesos están diseñados para garantizar arreglos sociales cuya plena vigencia está en interés de todas y todos: la prohibición de autotutela, la presunción de inocencia (conforme a la cual todos somos considerados inocentes a menos que haya evidencia de cargo suficiente para derrotar tal presunción) y el debido proceso (conforme al cual todos tenemos derecho a ser previamente oídos y vencidos en juicio). Los riesgos de violencia en detrimento del más débil y de arbitrariedad en perjuicio de los inocentes, son demasiado altos como para prescindir de los mecanismos legales, por muy engorrosos que estos puedan resultar (y si los mecanismos son ineficientes, ineficaces o corruptos, entonces habría que buscar reformarlos). ¿O las ideologías justifican los medios?
