En los últimos días, ha trascendido la noticia de que, en las próximas semanas, Petróleos Mexicanos despediría a mas de 700 de sus trabajadores, localizados principalmente en Villahermosa y en Ciudad del Carmen, dos de las ciudades que, históricamente, han sido estratégicas y fundamentales en la operación de la petrolera.
Esta situación es una de las consecuencias de la inestabilidad financiera que, desde hace tiempo, enfrenta la empresa estatal, y que ahora se manifiesta en la imposibilidad de renovar las plazas temporales que, hasta el cierre del 2024, ocuparon los trabajadores que serán victimas de este recorte.
Sin embargo, el estrés financiero que sufre Pemex se ha manifestado a través de otras vías, siendo tal vez la mas visible, la deuda que sostiene con sus contratistas y proveedores. De acuerdo con información emitida por la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, A.C., esta deuda asciende a más de 75mil millones de pesos. Las actividades que generan esta deuda son principalmente servicios que empresas prestan a Pemex en el desarrollo de sus actividades operativas -a través de contratos de servicios tradicionales-, así como la venta de hidrocarburos por parte de las empresas ganadoras de contratos a través de las rondas de licitación llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos entre los años 2015 a 2018.
Estos incumplimientos no solo impactan las capacidades de los proveedores y contratistas de seguir entregando bienes y servicios a Pemex de conformidad con lo pactado en sus respectivos contratos -lo cual podría poner en peligro la continuidad de actividades esenciales en la operación de la petrolera-, sino que también pueden causar graves afectaciones crediticias y reputacionales a la empresa pública: al no poder garantizar sus capacidades de pago, la estabilidad financiera de la empresa se pone en entredicho ante las instituciones financieras, que pueden reaccionar con diferentes acciones, como rebajas a su calificación crediticia o encarecimiento en el costo del crédito, entre otras.
Si bien el Gobierno Federal ha anunciado que Pemex empezara a cubrir las deudas con contratistas y proveedores en marzo, la forma en que las dos últimas administraciones han tratado de resolver el problema financiero de Pemex es cuestionable: en vez de depender casi enteramente en las finanzas públicas, se podrían explorar modelos alternativos de operación, en donde la petrolera comparta riesgos con otras empresas. Estos esquemas ya han sido previstos e implementados por administraciones anteriores, y aunque perfectibles, representan una alternativa viable al modelo que, actualmente, ha generado esta difícil situación financiera que no solamente lastima a Pemex, sino a toda la administración pública. Habrá que ver si esta es una motivación suficiente para que esta administración considere adoptar un enfoque distinto.
