Diversas organizaciones sociales y representantes del Poder Judicial recientemente expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), preocupaciones por la reforma judicial que tiene lugar en México. Funcionarios de gobierno y jueces y organizaciones civiles expusieron sus argumentos.
El gobierno mexicano sostuvo que los ciudadanos deben elegir a los jueces y defendió la constitucionalidad de la reforma, en tanto, el personal judicial denunció una evidente intromisión del Ejecutivo en el proceso y violación a sus derechos laborales y humanos.
Son verdaderamente llamativas las declaraciones que hiciera el representante del gobierno mexicano, Antonio Montero, quien afirmó que no se cuenta con un diagnóstico para realizar estas reformas judiciales en un tema tan complejo y medular para la República. Así de absurdo, sin diagnóstico se pretende impulsar una reforma.
También resultó llamativa la argumentación de los representantes del gobierno mexicano para defender la “democratización del Poder Judicial”, en un foro regional donde se esperaba una defensa informada y respetuosa a los derechos humanos, y que no pudo tan siquiera argumentar un diagnóstico serio, fuera de señalamientos a jueces y magistrados.
Lo que lleva a pensar lo tantas veces dicho por politólogos, que el tema habría sido una artimaña política del expresidente Manuel López Obrador, de elevada irresponsabilidad e improvisación, continuado por la nueva presidenta, a quien el mandatario anterior le ha impuesto una agenda y un congreso sui géneris, para destruir la división de poderes, concentrar el poder en unos cuantos y cuidar las espaldas al sexenio pasado ante la corrupción y negligencia.
Se expresó que es innegable que estaríamos frente a un ataque sin precedentes a la independencia del sistema judicial y a los contrapesos democráticos; que no estamos frente a una reforma integral que también atienda las fiscalías, policías y defensorías públicas y que no se conocen mecanismos idóneos para la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, que aseguren perfiles independientes y capaces, que deriven en una justicia imparcial, y no susceptibles a las presiones políticas, económicas, criminales y populares, hoy muy frecuentes. Es claro que, la llamada “democratización” de la justicia no puede soslayar otro principio fundamental como lo es la independencia judicial.
Las nominaciones de los candidatos se realizarán mediante comités de cada poder político, que no aseguran imparcialidad, ante la concentración del poder actual. Así, la susodicha reforma presenta severos riesgos para el país, ante una supuesta “democratización” judicial, aprobada por procesos legislativos tramposos y mayorías inmorales y serviles. En realidad, no será el pueblo el que elija, sino el Ejecutivo y el Legislativo, aseveraron juzgadores en la reunión.
Cualquier reforma que se pretenda hacer debe respetar principios básicos como la meritocracia y la carrera judicial y no puede basarse en la remoción colectiva de los funcionarios judiciales. Debemos defender un sistema judicial imparcial y autónomo que garantice los derechos humanos y las garantías fundamentales.
La CIDH ha expresado preocupación por la polémica reforma judicial y subrayó que “monitoreará” el proceso y el respeto a la independencia del Poder Judicial. Aunque al parecer no tendría muchos dientes ante la infamia autoritaria y reformista.
Al respecto, la presidente mexicana mediante desgastadas afirmaciones a la prensa, dijo que “México es un país libre, soberano e independiente y el pueblo mexicano es el que decide, de acuerdo a la Constitución, cuáles son normas constitucionales”, como si no existieran también acuerdos internacionales firmados por México y un contexto internacional al que pertenece; como si el país fuera tal cual la aislada isla de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. La reforma no sólo erosiona la justicia en México sino también agrede los estándares internacionales.
