Mañana toma protesta como presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y, a partir de ese momento, habrá de comenzar a resolverse el dilema del poder. Un dilema que poco tiene que ver con los objetivos nominales a alcanzar (después de todo, el presidente saliente y la presidenta entrante son parte del mismo movimiento político) y más con los mecanismos que se plantean para alcanzarlos.
En un primer escenario, la presidenta podría optar por darle continuidad a las formas de su antecesor, mantener intocadas las lealtades del régimen y tratar de que sus decisiones sean vistas con buenos ojos por el presidente saliente. En este contexto, cabría esperar no solo la aprobación de las iniciativas de reforma constitucional presentadas en febrero pasado (desaparición de órganos constitucionales autónomos, indexación del salario mínimo a la inflación, adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, endurecimiento de la prisión preventiva, entre otras), sino que éstas y las nuevas que se presenten sean aprobadas sin escuchar las inquietudes de la sociedad y sin considerar las formalidades que rigen el procedimiento. Cabría esperar también un creciente desprecio y desacato hacia las órdenes emitidas por los jueces de amparo, bajo la confianza de que difícilmente las fiscalías (que son autónomas en el papel, pero no en los hechos) perseguirán ese incumplimiento. Se anticiparía la constitucionalización del piso no parejo en favor de Pemex y CFE, sin importar que los privados hayan realizado inversiones bajo la confianza de que el Estado Mexicano sería estable en las reglas vigentes al momento de formular el plan de negocios correspondiente. Podríamos esperar que se siga legislando, regulando y aplicando la ley, al amparo de la premisa de que lo que importa es 90% lealtad y 10% capacidad.
Alternativamente, la presidenta podría optar por impulsar objetivos que, más que apuntar a la concentración de poder por sí misma, apunten al bien mayor del Estado Mexicano. Podría adoptar herramientas que sean sensatas, confiables, técnicas y respetuosas del Estado de Derecho, que partan del reconocimiento de que la realidad compleja no puede abordarse a partir de soluciones simplonas y sin rigor. En este escenario, podríamos esperar deliberación en el Congreso que incluya a todas las fuerzas políticas y que escuche las propuestas provenientes de todos los sectores de la sociedad, no sólo para dar la impresión de inclusión sino para allegarse de las mejores ideas en beneficio de los mexicanos (particularmente en la concreción de la Reforma Judicial, de tal manera que no se afecte irremediablemente la independencia e imparcialidad de los juzgadores, aspectos indispensables para que México se mantenga competitivo). También anticiparíamos un mayor respeto a las instituciones, a los pesos y contrapesos y a las decisiones jurisdiccionales de todo tipo, que mande el mensaje de que México es un país confiable para hacer negocios. Cabría esperar que la presidenta, experta en la relación entre el cambio climático y la energía, otorgue un nuevo impulso a la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y conceda su justa medida a los problemas ambientales asociados a los proyectos de infraestructura que hereda.
Conocer la solución del dilema es de la mayor trascendencia para las empresas. De eso dependerá la estrategia que habrán de adoptar para sus decisiones en los siguientes años. ¿Estrategia de mitigación de riesgos para la inversión, o estrategia para aprovechar las condiciones geopolíticas que hacen a México atractivo para hacer negocios? ¿Insertar o no en los planes de negocio un factor de riesgo asociado a la desprotección por la erosión en la función jurisdiccional? ¿Destinar más presupuesto a los equipos de cabildeo, bajo la premisa de que la arbitrariedad normativa y administrativa no podrá ser remediada en los tribunales? De ahí la relevancia y urgencia de saber, en realidad, quién manda aquí.
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez
