Desde que inició este nuevo sexenio, que no tiene ni un mes, México ha sido escenario de una serie de eventos desgarradores que nos obligan a reflexionar sobre la dirección que está tomando nuestra política de seguridad. La muerte de seis migrantes en Chiapas por disparos de soldados mexicanos, el asesinato de una niña de 8 años, un joven y una enfermera en Nuevo Laredo por parte de militares y elementos de la Guardia Nacional, y la desaparición forzada de civiles en Colima por parte de la Marina, revelan una realidad alarmante: la militarización de la seguridad pública está causando más daño que beneficio.
La reciente reforma a la Guardia Nacional se presenta como una solución a la violencia, pero en realidad desnuda la falta de preparación y protocolos adecuados en el manejo de situaciones de alto riesgo. Cuando las fuerzas armadas son llamadas a lidiar con problemas que requieren una respuesta inmediata y especializada, como la migración o la seguridad comunitaria, el resultado es, a menudo, trágico.
Lee también: Sentencia a Genaro García Luna: golpe al legado de Felipe Calderón
En Nuevo Laredo, la muerte de tres personas inocentes durante una operación de captura de presuntos delincuentes subraya esta crisis de formación. No se trata simplemente de un “error” aislado, sino de un patrón que se repite, donde la vida de civiles se ve sacrificada en el camino de una estrategia de seguridad, con respuestas poco o nada sensibles por parte de la autoridad, dicho sea de paso. La falta de protocolos claros y el escaso entrenamiento en derechos humanos son condiciones que convierten a las fuerzas de seguridad en un riesgo para la población, en lugar de ser un refugio y generar confianza en quienes deberían estar para protegernos.
El fuero militar también añade una capa de impunidad que es inaceptable. Los ciudadanos deben poder confiar en que aquellos que los protegen rendirán algún día cuentas por sus acciones. Sin embargo, el marco legal actual permite que las violaciones a derechos humanos queden en la penumbra, dificultando la justicia para las víctimas y sus familias. Esta falta de rendición de cuentas y sanciones ejemplares no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también legitima un ciclo de violencia que perjudica a la sociedad en su conjunto.
Sigue leyendo: ¿Es tiempo de mujeres?
›Además, la militarización de la seguridad no se limita a la represión de la delincuencia; tiene un impacto profundo en el tejido social. Las comunidades afectadas por la violencia militar tienden a vivir en un estado de miedo constante, lo que fractura la cohesión social y debilita las relaciones de confianza entre los ciudadanos y las autoridades. Esto crea un ambiente propicio para que la delincuencia prospere y se normalice, pues el temor ahoga la denuncia y aleja a la justicia.
La solución a la crisis de seguridad en México necesita fortalecer las instituciones civiles, priorizar la capacitación en derechos humanos y fomentar un modelo de seguridad que respete la dignidad humana. La prevención del delito y el establecimiento de un estado de derecho sólido son esenciales para generar un entorno seguro que no sea solo de un día.
