Este año retomaré mi cátedra en la universidad. Es una función que dejé en suspenso un tiempo debido a mi nueva responsabilidad gremial: no sabía si mi nueva agenda me permitiría impartir mi curso al 100% de mis capacidades (hoy sé que sí). Y es que sucede que enseñar siempre ha sido prioritario para mí, porque representa no solo una oportunidad de compartir conocimiento técnico socialmente útil, sino de hacer consciencia con los jóvenes sobre la importancia de alzar la voz frente al arbitrario (siempre con la esperanza de que alguno encuentre propósito en ello, lo que es nutritivo en un contexto social y profesional inmisericorde donde pocas cosas parecen valer la pena). En esta columna (la cuarta entrega en el contexto de la elección judicial), les platicaré cómo es que, enseñar amparo (el juicio que permite a todos defender nuestros derechos humanos frente a la autoridad), pone en evidencia este ejercicio de consciencia y por qué éste es relevante en el contexto de la reforma judicial.
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Enseñar amparo es la oportunidad de recordar a los jóvenes que las autoridades ejercen poder público, un poder exorbitante con el potencial de incidir unilateralmente en la vida de las personas. Que cuentan con ese poder para servir a todas y a todos, razón por la cual es indispensable que actúen con justicia, proporcionalidad (equilibrando derechos y principios contrapuestos) y responsabilidad. Que, por tanto, una autoridad que desvía su poder (buscando el interés propio, por ejemplo) es una que actúa sin legitimidad, por la sencilla razón de que su actuar se funda en el capricho.
Enseñar amparo me permite también poner en evidencia que estas premisas sólo cobran vida cuando están garantizadas por el derecho. Que, sin las normas jurídicas (que traen implícita la necesaria satisfacción del interés público al que debe estar orientado el poder), la noción de lo que es justo depende de la visión de cada cual, dominando invariablemente la opinión del poderoso. Que, por tanto, sin derecho lo único que hay es arbitrariedad, lo que explica por qué el derecho sólo permite a las autoridades actuar cuando cuentan con fundamento legal para lo que hacen.
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Adicionalmente, enseñar amparo me lleva a mostrar que el derecho mismo no es más que un buen deseo si, a su vez, no está garantizado. Y que la única manera de garantizar que la ley se cumpla es que el derecho ordene la existencia de tribunales independientes e imparciales que, como parte del sistema de pesos y contrapesos, revisen si la autoridad ha obrado con fundamento legal o si, por el contrario, ha interpretado la ley a conveniencia. Que, en ausencia de tribunales, puede haber justicia, pero la justicia injusta de quien manda más.
Y, enseñar amparo, me permite recordar que la autoridad difícilmente tendrá incentivos para garantizar la existencia de tribunales que controlen el poder sin una ciudadanía que constantemente exija que se respeten sus derechos constitucionales (aquí es donde cobra relevancia conocer a cabalidad todos los aspectos procesales para llevar a buen puerto un juicio de amparo) y, sobre todo, la independencia e imparcialidad de sus jueces como prerrequisito para que esto suceda.
Con suerte, esta reflexión pondrá de manifiesto por qué a todos nos interesan las implicaciones de la reforma judicial: se trata de la diferencia entre vivir en un país en el que el poder es moderado o en uno donde impera la ley del más fuerte. ¿Dónde quieres vivir?
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez
