Hoy se presentó el Índice Global de Impunidad 2024 (IGI 2024), lo cual representa la cuarta actualización de este estudio e integra el análisis sobre el desempeño de los sistemas de seguridad justicia y la protección de los derechos humanos en 94 países. El estudio puede descargarse libremente a través de la página https://www.udlap.mx/APII/
El promedio de impunidad para los 94 países analizados, en una escala del cero a cien, es de 31.6, donde Alemania destaca por la menor impunidad con 14.93 y Birmania se ubica como el peor caso con un resultado de 69.61. México alcanza la posición 80, ubicado entre los 15 países con peores resultados. En la edición IGI 2020 México se encontraba en el lugar 60 de 69 casos estudiados y su cambio de posición se explica por la incorporación de más países a la muestra y no por un mejor desempeño.
Los 10 países con menores niveles de impunidad en el IGI 2024 son: Alemania (14.93), Luxemburgo (16.63), República Checa (17.20), Estonia (17.36), Dinamarca (17.40), Eslovenia (17.69), Islandia (17.81), España (18.27), Suecia (18.36) y Bélgica (18.60). Mientras que los 10 países con peores niveles de impunidad son: Birmania (69.61), Haití (60.97), Nicaragua (60.93), Camerún (52.85), El Salvador (52.45), Nigeria (51.81), Bielorrusia (49.90), Guatemala (51.08), Filipinas (49.15) y Azerbaiyán (48.15).
El continente americano muestra una gran disparidad entre los 25 países de esta región que son analizados en IGI 2024, con un promedio de 36.89. Como parte de esto, 8 países tienen niveles de impunidad baja, 9 se ubican en posición media y hasta 8 tienen impunidad alta o muy alta. Destaca particularmente que seis países se ubican entre los 20 casos con peor desempeño en el índice: México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití.
México obtiene un resultado negativo (46.19) y por encima del promedio global (31.64), incluso por encima de la media de los países de América (36.89), lo cual se explica por resultados negativos en cada dimensión analizada, por encima de los promedios globales y también por encima de los promedios para los países de América. En otras palabras, la impunidad en México es un problema sistemático y estructural que requiere de atención simultánea en los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos. Las soluciones parciales son insuficientes.
Nuestro país se caracteriza por muy altos niveles de impunidad tanto en la comparación entre países como en la situación específica de cada uno de los estados. La impunidad es resultado de distintos factores políticos, institucionales y sociales, pero el IGI permite identificar la existencia de reducidas capacidades institucionales como factor central para explicar niveles de desempeño ineficientes en seguridad, falta de acceso a la justicia e imposibilidad de proteger los derechos humanos. Sin la existencia de capacidades institucionales suficientes, como por ejemplo recursos presupuestales, operadores capacitados e instrumentos efectivos de política pública, no es posible garantizar condiciones de seguridad, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos.
Es importante señalar que este problema no depende solo de la voluntad de las autoridades federales. Como demuestra el IGI-MEX 2022, los estados de la República se caracterizan por niveles promedio muy bajos de capacidad institucional y entre estos suelen existir variaciones en capacidades muy significativas, lo cual pone en evidencia falta de voluntad política para mejorar el desempeño de los sistemas de seguridad, justicia y protección a los derechos humanos. Reducir los muy altos niveles de impunidad que caracterizan al caso mexicano pasa por diseñar estrategias de seguridad, justicia y derechos humanos policéntricas y el desarrollo de capacidades institucionales de forma multinivel.
Lo que es indiscutible, como el IGI ha señalado desde 2015, es que tenemos un problema muy grave de impunidad y su atención a nivel federal y estatal, a través del desarrollo de capacidades institucionales suficientes y más efectivas, al igual que de mejores esquemas de coordinación, es un asunto político urgente y prioritario.
